Editorial: Regulaciones sobre la marihuana

En estos días se han puesto en relieve aspectos relacionados al uso de marihuana: por un lado está el gobierno federal impulsando la reclasificación de la droga para que sea considerada menos peligrosa, y por el otro ya circula en el Congreso una propuesta para despenalizar su consumo a nivel nacional.

Tiene sentido actualizar las directrices sobre el consumo de cannabis, ya que muchas cosas han cambiado. A nivel científico ha quedado demostrado que en comparación con otras sustancias como la heroína, el LSD o el fentanilo, la marihuana no tiene efectos devastadores para la salud de los adultos.

La planta incluso se ha convertido en una herramienta medicinal que ofrece alivio a muchos pacientes.
Además, el uso recreativo entre adultos se ha expandido en el país. Actualmente es legal en 24 de los 50 estados. Y en 38 es aceptado el uso estrictamente médico.

Ante este panorama, no tiene sentido que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) siga manteniendo la sustancia en la Lista 1. La idea es pasarla a la lista III de las drogas menos peligrosas.

Tiene que ponerse un coto a las penalidades fuertes por posesión y consumo de marihuana. Muchas vidas se han destruido, muchas personas aún tienen que lidiar con récords criminales por esta causa.
Por eso la propuesta de un grupo de legisladores demócratas en el Congreso, titulada ‘Ley de Oportunidades y Administración de Cannabis’, pretende compensar a las comunidades de las minorías y aquellas más pobres por los daños que les ha causado la actual política contra las drogas.

De aprobarse, la ley eliminaría la marihuana de la lista federal de sustancias controladas, permitiendo que cada estado decida su política en torno a esa sustancia, y borrará los antecedentes penales relacionados con la posesión y el consumo de cannabis, siempre que no hayan sido violentos.

Hay que aclarar que no se trata de dar carta blanca sino –como mencionó la senadora Kirsten Gillibrand– de dar pasos importantes para remediar décadas de una injusta política federal sobre la marihuana.
Aunque nos hacemos eco de estos cambios que se avecinan, también debemos recordar a los gobiernos locales, estatales y federal que no pueden bajar la guardia para proteger a los menores de edad del uso de cualquier sustancia adictiva.

A nivel de las escuelas u otras campañas públicas urge hacer hincapié para que los chicos no se dejen llevar por la falsa idea de que la marihuana es “inofensiva” para ellos. Todo lo contrario, estudios han demostrado que aquellos adolescentes que han usado de manera intensiva la yerba muestran desventajas en el rendimiento neurocognitivo y alteraciones en la función cerebral.

Por eso insistimos en que todo el peso de la ley tiene que caer en contra de las tiendas ilegales o redes de venta de cannabis y sus derivados que van como aves de rapiña a la caza de clientes que son menores de edad.