Letitia James, otros fiscales y líderes religiosos advierten riesgos de Ley Laken Riley contra migrantes

En una carta liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, firmada por otros siete fiscales demócratas, además de congresistas estatales y líderes religiosos, se pide al Senado no aprobar el proyecto de ley S.5 o Ley Laken Riley, al considerar que podría obligar a la detención de inmigrantes sin derecho a fianza.

“La S.5 obliga a la detención, sin una audiencia de fianza, de cualquier persona indocumentada arrestada o acusada de ‘cualquier delito de robo, hurto, atraco o hurto en tiendas’”; no se requiere una condena”, cita en la carta sobre el proyecto migratorio. “Este mandato de detención incluso obligaría a detener a residentes de largo tiempo, menores y muchos que están legalmente presentes, incluidos los DREAMers”.

La S.5 o Ley Laken Riley propone enmiendas a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y establece procesos de detención para la deportación inmediata de inmigrantes que hayan cometido robo-asalto, atraco, latrocinio o hurto y robo en tiendas minoristas.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes, donde se conoce como H.R. 29, con el respaldo de 48 demócratas y actualmente tiene el apoyo expreso de al menos dos senadores demócratas, como Rubén Gallego (Arizona) y John Fetterman (Pensilvania).

“Como miembros de las fuerzas del orden, líderes religiosos y funcionarios electos, escribimos para expresar nuestras profundas y urgentes preocupaciones con respecto a un proyecto de ley que se encuentra actualmente ante el Senado, S.5 o la Ley Laken Riley, y lo instamos a votar ‘no'”, dice el inicio de la carta.

Agrega que el proyecto de ley socavará la seguridad pública en lugar de promoverla, además de advertir que una detención civil prolongada iría en contra del debido proceso.

“El eje central de nuestro sistema de justicia penal es la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, y esta ley impediría la administración adecuada de la justicia al encarcelar a las personas en centros de detención de inmigrantes antes de que sus casos puedan ser juzgados y escuchados”, advierten los líderes.

Revictimizar a las víctimas

Entre los ejemplos de cómo la S.5 podría ser utilizada se habla de casos de abuso doméstico.

“En situaciones de violencia doméstica, es común que el agresor haga acusaciones falsas de robo de propiedad contra su víctima, lo que resulta en el arresto de ambas personas después de un incidente de abuso”, dice la carta.

Entre los firmantes se encuentran los fiscales generales de Colorado, Hawái, Illinois, Maryland, Minnesota, Oregon, Rhode Island y Vermont, quienes se suman a la advertencia de que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría encerlar a una persona si no tiene una protección migratoria.

“Incluso si no se presentan cargos contra la víctima [de violencia doméstica], el ICE estaría obligado a encarcelar a la víctima si no tuviera estatus migratorio”, se indica. “La amenaza de detención por parte del ICE se convertiría en otra herramienta de control en situaciones de violencia doméstica y ciertamente disuadiría a las víctimas de presentarse”.

Los firmantes insisten en que la ley puede socavar la confianza en la aplicación de la justicia, además de considerar de que la norma es innecesaria, debido a que leyes federales otorgan a ICE la facultad de detener a no ciudadanos condenados por ciertos delitos o que representen un peligro para la seguridad pública.

“De hecho, el propio ICE ha indicado que el mandato de detener a todas las personas atrapadas por esta legislación abrumaría su capacidad y requeriría la liberación de otras personas bajo su custodia que previamente consideraron que merecían detención”, agrega el texto. “La ley también otorgaría amplios poderes a los fiscales generales estatales para hacer cumplir los requisitos de detención e interferir en muchos otros aspectos de la ley de inmigración”.

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