Colapsó en NYC el sistema de defensa legal contra los inquilinos que enfrentan desalojos

Desde 2022, 80,000 inquilinos en la ciudad de Nueva York se han enfrentado a casos de desalojo totalmente en solitario, es decir sin representación legal, una protección que se supone debe estar garantizada con la aprobación de la ley local de Derecho a un Abogado, aprobada en 2017. 

Esto significa que alrededor del 60% de todos los casos de desalojo en la Gran Manzana, en los últimos tres años, no han contado con el acompañamiento de un defensor legal, lo cual como expresan algunas activistas, “tira a los leones” a miles de personas vulnerables, que están lidiando con dificultades económicas y el aumento incontrolable de la renta.

Estos datos alarmantes, compartidos por la Acción Comunitaria para Apartamentos Seguros (CASA) y la Coalición de Derecho a un Abogado (RTC), revela uno de los filos más dramáticos de la crisis de vivienda, que sigue expulsando a miles de familias de los vecindarios más pobres, particularmente en El Bronx, que en algunos casos, termina con personas y familias en situación de calle.

“La Oficina de Administración de Tribunales (OCA), está siendo incapaz de hacer cumplir con lo mínimo que exige la ley. Es decir, que un abogado pueda respaldar a los inquilinos de las acciones, muchas veces injustas e inhumanas de los landlord. La crisis de los desalojos debe ser detenida, no solo en la ciudad, sino en el resto del estado”, manifestaron este lunes, portavoces de estas coaliciones, en la Corte de Vivienda de El Bronx.

En paralelo, la organización CASA, con una larga trayectoria de defensa de los inquilinos en la Gran Manzana, está impulsando una nueva plataforma estatal de leyes que blinde aún más a los residentes de maniobras para echarlos a la calle de forma injusta y tramposa.

Muchos casos, pocos abogados

La ley municipal del Derecho a un Abogado en la ciudad de Nueva York garantizó la representación legal de los inquilinos en los tribunales de vivienda, algo que antes no era posible. Alrededor del 86% de los residentes en problemas, que contaban con representación legal, pudieron permanecer en sus hogares. 

Sin embargo, después de enero de 2022, cuando se levantó la moratoria de desalojos, la presentación de estos casos en los tribunales de vivienda aumentó exponencialmente, lo que provocó el colapso del sistema de defensa.

Como interpreta, Mercedes Scotto, líder de CASA, quien vivió hace tres años la “pesadilla” de un juicio de desalojo, en este momento se trazan ambiciosos planes en Nueva York, con proyectos de construcción de miles de viviendas. Pero a su criterio, se está dejando al lado lo más importante: evitar que se desalojen a personas vulnerables por la voracidad de los ‘landlord’.

“Tristemente miles de ancianos, especialmente de apartamentos de renta estabilizada y controlada, no conocen las leyes. Los residentes de la Gran Manzana, por ley, tienen derecho a contar con un abogado, que los represente en un litigio de este tipo. Sin embargo, vemos como todos los días, acude gente sola a esos juicios. Y por su puesto, terminan desalojados”, contó.

Frenen la injusticia

Mercedes dice que son tantos los casos y tan poco los abogados, que se ha generado una crisis terrible, que muy pocos están mirando de forma seria.

“Por ello, como activistas, debemos apurar legislaciones que eviten estas injusticias. Esto es como un genocio, especialmente para nuestros ancianos, que caen más fácilmente en la trampa de los caseros. Se deben garantizar más defensores legales. Y leyes más fuertes que protejan a los más débiles de esta historia”, exhortó la dominicana.

Asimismo, Patricia Jewett, también miembro de CASA, se vio obligada a comparecer ante un tribunal sin representación legal y afirma que, si no hubiese contado con la ayuda de esta organización, la habrían echado de su apartamento.

“He vivido en mi edificio desde 1977. Mi casero me llevó a juicio, no porque no pagara alquiler, sino porque quería mi apartamento”, compartió.

¡Aprueben nuevas protecciones!

Por esta razón, esta coalición de defensa de los inquilinos, está promoviendo que la Legislatura Estatal apruebe tres leyes que reforzarían la iniciativa local de ‘Derecho a un abogado’ y la extendería a todos los condados de Nueva York.

Además, se exige que el capitolio estatal, apruebe el anteproyecto “moratoria invernal” para prohibir los desalojos de propiedades residenciales durante los meses de invierno, específicamente del 1 de noviembre al 15 de abril del año siguiente.

En paralelo, se impulsa el proyecto de ley Manos Limpias, el cual impediría que caseros negligentes demanden con la intención de desalojar a los inquilinos, si tienen alguna infracción peligrosa en su apartamento o en las zonas comunes del edificio. 

Los legisladores y los impulsores de estos anteproyectos, esgrimen que estas protecciones reducirían el número de personas que terminarían en el sistema de albergues.

En general, el costo anual por persona en el sistema de albergues es de $50,370, y el costo anual por familia es de $70,080.

“Mantener el sistema de refugios le cuesta a la ciudad más de $3 mil millones, ¿por qué presionar aún más las finanzas de la Ciudad?¿Por qué no aprobar nuestra plataforma legislativa, que podría ahorrarle tanto dinero a la ciudad y al estado, al mantener a las personas en sus hogares?”, apuntó Sandra Mitchell, miembro de CASA.

Más o menos:

• 84% de los inquilinos con un abogado, han ganado sus demandas de desalojo y han podido permanecer en sus hogares. 

• 40% han descendido los desalojos en NYC, después de la pandemia. El condado con más registros de estas acciones es El Bronx.