Juez avala exigencia de registro para inmigrantes indocumentados en EE.UU.

Un tribunal federal autorizó este jueves al gobierno del presidente Donald Trump a implementar una medida que obliga a todas las personas que residen en Estados Unidos sin permiso legal a registrarse ante las autoridades federales.

La decisión judicial, emitida por el juez Trevor Neil McFadden, avala la decisión del gobierno de obligar al registro de toda persona mayor de 14 años que no tenga estatus migratorio.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, quienes no se registren podrían enfrentar cargos penales, multas e incluso penas de prisión. Además, las personas afectadas deberán portar en todo momento los documentos que acrediten su registro.

En el caso de los menores de 14 años, la responsabilidad recaerá en sus padres o tutores legales.

La norma entra en vigor este viernes.

La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 25 de febrero y, desde entonces, se ha comenzado a instruir a los inmigrantes sin estatus legal a crear una cuenta en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., como paso inicial del proceso.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ya habilitó en su sitio web los recursos para que los inmigrantes abran una cuenta personal e inicien la inscripción en ella con datos sobre su lugar de residencia, cuándo ingresaron en el país y si tienen antecedentes criminales, entre otros detalles.

¿Cuál es el objetivo?

De acuerdo con el gobierno, el objetivo es aplicar una disposición ya existente de la ley migratoria. No obstante, diversas organizaciones civiles advierten que esta medida expone a miles de inmigrantes a un riesgo elevado de ser identificados y posteriormente deportados.

Los gripos demandantes argumentaron que el requisito coloca a las personas migrantes ante una disyuntiva extrema: registrarse y revelar su ubicación a un gobierno que ha prometido expulsarlas, o permanecer sin registrarse y exponerse a sanciones legales.

Si bien el DHS asegura que la medida afectaría a entre 2,2 y 3,2 millones de extranjeros, los demandantes han advertido de que el número de afectados sería mucho mayor.

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