USDA busca mantener abiertas oficinas de Rural Development en Puerto Rico

La agencia respondió una carta enviada por el comisionado residente Pablo José Hernández y otros nueve congresistas

Agricultores de minorías — USDA, a través de dependencias como Rural Development, otorga préstamos y subvenciones para agricultores y pequeños comerciantes en zonas rurales. Crédito: Charlie Riedel | AP

17 Mayo 2025, 09:01 AM EDT

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Nueva York – El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) entiende que no se deben cerrar las oficinas de Rural Development (Desarrollo Rural) en Puerto Rico, según informó la agencia en una carta enviada al comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández, esta semana.

Hernández, junto a otros nueve representantes demócratas, había enviado una misiva al USDA para que detuvieran la clausura de los espacios por la misión crítica que realizan.

Al momento, las autoridades federales están en el proceso de evaluar los contratos de arrendamientos para su terminación.

En el documento, firmado por Todd Lindsey, subsecretario adjunto para el Desarrollo Rural de USDA, se indica que el Departamento le solicitó a la Administración de Servicios Generales (GSA) que reconsiderara las terminaciones de arrendamiento planificadas para 43 de las 47 oficinas de USDA en todo el país. En la lista se encontraban las cuatro ubicadas en Puerto Rico. Estas son las de Hato Rey, Mayagüez y Utuado.

“A petición de la Oficina de Gestión de Propiedades y Medio Ambiente (OPEM) de USDA, encargada de las comunicaciones con la GSA, RD revisó la lista y determinó que 43 de las 47 ubicaciones eran esenciales para la misión. Las cuatro restantes no se consideraron esenciales, ya que estaban vacantes o, en un caso, solo contaban con un empleado a tiempo parcial. La OPEM transmitió a la GSA la lista de ubicaciones esenciales de RD y una lista detallada de las justificaciones para mantener estas oficinas abiertas…”, lee parte de la carta de USDA con fecha del 16 de mayo.

La misiva añade que RD no ha recibido respuesta a la solicitud de mantener estas oficinas abiertas y que representantes de GSA señalaron que al menos tres de estos cierres se concretarán.

“RD seguirá trabajando con GSA para mantener abiertas estas instalaciones críticas o para encontrar medios alternativos para prestar estos servicios”, aseguró USDA. “USDA trabajará con la GSA para garantizar que cualquier oficina que permanezca en la lista de cierre cumpla con todos los requisitos legales y se notifique adecuadamente al Congreso con antelación”, añadió Lindsey.

De acuerdo con el funcionario, el fin de los cambios en USDA, a tono con la política de reducción del gasto del presidente Donald Trump, es hacer el Departamento más “eficiente, efectivo y enfocado en los clientes“.

“Para lograr este objetivo, es necesario considerar la realineación estratégica y la reorganización de los procesos para optimizar las operaciones y la ejecución de programas, priorizar los recursos y garantizar que las responsabilidades críticas para la misión se lleven a cabo con integridad”, plantea el texto.

“USDA apoya plenamente la directiva del presidente Trump de eliminar el gasto innecesario y garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilice eficazmente. El USDA está optimizando la capacidad de desarrollo y consolidando las oficinas infrautilizadas para reducir las ineficiencias, a la vez que continúa priorizando los servicios de primera línea para agricultores, ganaderos y comunidades rurales”, agregaron desde la oficina federal.

En la carta que enviaron los legisladores a USDA el 27 de abril, estos le solicitaron información a la agencia sobre el potencial cierre de oficinas de RD en los estados y territorios como Puerto Rico.

El grupo hizo referencia a información disponible en el sitio web del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que encabeza el magnate Elon Musk, que apunta sobre la cancelación de contratos en 11 oficinas del Servicio de Vivienda Rural (RHS) de USDA.

El RHS ofrece programas de préstamos y subvenciones para vivienda asequible en zonas rurales. Su intervención facilita que personas y familias de medianos y bajos ingresos puedan comprar, construir, reparar o alquilar viviendas.

“Aunque reconocemos la importancia de la responsabilidad fiscal, nosotros estamos preocupados que estos cierres afecten desproporcionadamente a comunidades rurales que dependen de estos servicios provistos por estas oficinas”, alertaron los demócratas en su carta.

“Las oficinas de RHS y RD administran programas críticos para el bienestar de los residentes en zonas rurales, incluyendo préstamos y subvenciones para unidades de vivienda individuales y multifamiliares; instalaciones comunitarias, tales como hospitales y escuelas, y proyectos de infraestructura esencial. Cerrar estas oficinas pone en riesgo el acceso a estos servicios vitales, potencialmente llevando a impactos negativos a la vida y estabilidad económica de las áreas rurales”, argumentaron.

Ante la respuesta de USDA de que buscan mantener abiertas las oficinas en Puerto Rico, Hernández describió como “irremplazable” la labor que realizan los empleados de RD en la isla.

“Me alegra que el USDA haya reconocido que las oficinas de Desarrollo Rural en Puerto Rico son esenciales para servir a nuestras comunidades”, declaró Hernández mediante un comunicado. “Desde asistencia para la vivienda hasta apoyo a comunidades rurales y pequeños negocios, estas oficinas cumplen una función directa e irremplazable en la vida de nuestra gente. Ahora, debemos asegurar que GSA haga su parte y mantenga estas oficinas abiertas”, afirmó.

“Estas oficinas no son simples cifras en un presupuesto: son un salvavidas para agricultores, familias y negocios en todo Puerto Rico rural. Seguiré insistiendo hasta lograr una decisión final que respete las necesidades de nuestro pueblo”, puntualizó el comisionado residente.

Además de brindar asistencia financiera como subvenciones, préstamos y garantías de préstamos para vivienda, para la compra, construcción o reparación de viviendas en áreas rurales elegibles, RD promueve la inversión en infraestructura para internet de alta velocidad y sistemas de tratamiento de agua; así como subvenciones para atención médica y servicios de primera respuesta, así como instalaciones comunitarias esenciales, entre otros servicios.

Los otros representantes que firmaron la carta fueron: John W. Mannion (D-NY), Sarah McBride (D-Del), Yassamin Ansari (D-Ariz), Bennie G. Thompson (D-Miss), Stacey E. Plaskett (D-Islas Vírgenes), Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), Nydia M. Velázquez (D-NY), Darren Soto (D-Fla), Ritchie Torres (D-NY) y Nellie Pou (D-NJ)