Política antiinmigrante de Trump podría dejar al país sin alimentos
La industria agrícola del país ha criticado fuertemente la política de deportaciones masivas porque está afectando su producción
La agricultura es un sector fuertemente afectado por la política anti migrantes de Donald Trump. Crédito: Shutterstock
Donald Trump ha presumido como uno de los resultados más destacados del primer semestre de su segundo gobierno, la intensa política de deportaciones masivas así como el blindaje de la frontera para prácticamente eliminar los cruces ilegales. Sin embargo, la ausencia de trabajadores migrantes se está haciendo evidente y está dejando en evidencia su importancia en la economía.
Uno de los sectores afectados más fuertemente es el agrícola, donde los trabajadores migrantes son la fuerza principal y la escasez de mano de obra podría provocar cuellos de botella, aumento de precios y en una situación agravada, escasez de alimentos, porque no hay quien los coseche.
Por ello, representantes de este sector han levantado la voz pidiendo al gobierno que les permita volver a contar con esta fuerza de trabajo y han orillado a altos funcionarios a iniciar conversaciones para diseñar medidas que ayuden a contener el impacto económico que están resintiendo.
El efecto letal de las deportaciones de Trump al sector agrícola
Uno de los pilares en la campaña presidencial de Trump para volver a la Casa Blanca fue implementar el programa de deportaciones masivas más grande en la historia del país y para ello ha destinado una mayor cantidad de recursos para contratar agentes y construir muros. Los operativos masivos de deportaciones han dejado casi sin mano de obra a industrias como la agrícola, la construcción y el procesamiento de alimentos.
Todas ellas han alertado que la expulsión de miles de trabajadores indocumentados provocaría crisis operativas y afectará la economía nacional.
En este sentido, un informe de la casa Goldman Sachs, señala que los inmigrantes sin documentos representan del 4% al 5% de la fuerza laboral total del país y hasta el 20% de los trabajadores agrícolas, por lo que su expulsión repentina y masiva impacta directamente la producción, genera escasez de alimentos y aumentos en los precios.
En cifras del Departamento de Agricultura (USDA por sus siglas en inglés), el 40% de los 2.4 millones de trabajadores agrícolas carece de estatus legal.
Por su parte, Kip Eideberg, vicepresidente sénior de relaciones gubernamentales e industriales de la Asociación de Fabricantes de Equipos, señaló que las redadas migratorias afectan el suministro agrícola, por lo que reducirán la demanda de maquinaria, poniendo en riesgo la estabilidad de la cadena productiva.
Representantes de asociaciones agrícolas y de manufactura continúan levantando la voz, pues advierten que la falta de mano de obra afectará la cosecha, la producción de alimentos y la estabilidad económica de comunidades enteras.
Chris Chmielenski, presidente de Project for Immigration Accountability, explicó que ante la situación, las negociaciones con el gobierno para permitir el regreso legal de trabajadores extranjeros que se hayan auto deportado, funcionaría como una amnistía y que no afectaría la postura anti inmigrante de sectores de línea dura que conforman una gran fuerza que apoya la administración de Trump.
Mientras que Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers, reiteró la angustia en la que viven los trabajadores agrícolas de California de caer en manos de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pues temen que al ser capturados perderán su empleo, su estabilidad familiar e incluso podrían ver cómo su familia se divide.
Finalmente, Jennie Murray, presidenta del National Immigration Forum, otras medidas implementadas por el gobierno de Trump como eliminar protecciones temporales y retirarles acceso a servicios sociales, provocará que los empleadores no cuenten con personal suficiente para operar.
En el lado gubernamental, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, reiteró que trabajan en busca de mecanismos que permitan a los agricultores conservar puestos esenciales, aunque no se ha definido si estas alternativas modificarán los actuales programas de visas temporales H-2ª y el Gobierno ha propuesto agilizar la entrega de visas temporales con un programa en el que los agricultores avalen a los trabajadores migrantes para mantener su empleo de manera segura.
El gobierno dice una cosa, pero hace otra
Si bien el discurso presidencial de Trump se ha suavizado para dar respaldo a los agricultores, los operativos del ICE han intensificado las redadas.
Apenas el mes pasado, una operación migratoria en una planta de carne en Omaha generó decenas de arrestos, aumentando la preocupación entre los trabajadores migrantes.
Tras la redada, Trump reconoció en Truth Social que las políticas migratorias estaban afectando a los sectores agrícola y hotelero y que su administración implementaría medidas para protegerlos, pero que continuaría con la expulsión de criminales y solo dos días después, reiteró la necesidad de continuar con su plan de deportaciones masivas, por lo que en realidad nadie conoce cuál es su verdadera intención.
Incluso Stephen Miller, asesor de políticas migratorias de Trump, aseguró que estas redadas no afectarán la agricultura porque los migrantes recientes no trabajan en el campo, aunque las cifras del USDA reflejan lo contrario.
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