Editorial: ¿Y el Congreso olvida la salud de los niños?

Lo único que logró el repetido intento del Senado para eliminar la Ley de Acceso a Atención Médica (ACA, conocida como Obamacare) es perder un tiempo precioso que debió ser utilizado en algo más productivo como en extender el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).

Se cierra el año fiscal en los próximos días sin que el Congreso haya autorizado de nuevo fondos para un programa que atiende la cobertura médica de nueve millones de menores de edad. Se esperaba que hubiera una audiencia legislativa en la Cámara Alta y un voto en el pleno, pero ese espacio y atención fueron consumidos por el intento fútil de destruir ACA.

Es cierto que los legisladores también no consideraron que la fecha de expiración era un límite de vida o muerte.

La mayoría de los Estados tienen fondos de reserva. Según la Kaiser Family Foundation, a diez Estados se les termina el dinero a fin de año. A California y Nueva York en marzo, mientras que Illinois tiene hasta junio.

Al mismo tiempo, parece haber un consenso bipartidista – algo inusual en el Congreso de hoy- detrás del proyecto de ley KIDS Act of 2017 de los senadores Orrin Hatch y Ron Wyden.

La propuesta en general es positiva. Mantiene las iniciativas relacionadas a la obesidad infantil y pediatría así como el respaldo a los fondos de contingencia estatales. Extiende el programa hasta 2022, en vez de solo por dos años como fue en 2015, y como pide la administración Trump.

CHIP fue creado en la década de los noventa como un complemento de Medicaid. El propósito era dar una cobertura médica para los hijos de aquellos que no ganan tan poco como para acogerse al programa federal médico, ni lo suficiente como para pagar un seguro privado.

Este es un programa muy importante para la comunidad latina, una de las más expuestas por falta de cobertura médica. CHIP provee una cobertura más accesible al bolsillo que la que se obtiene a través del empleo y de los mercados de seguro. El mayor problema es el desconocimiento de la existencia del programa y el temor de los padres indocumentados a que el enrolamiento de sus hijos atraiga la atención de las autoridades migratorias.

Existe mucha confianza en el Congreso de que la medida será aprobada a tiempo. Aunque en estos casos es mejor pájaro en mano que cien volando.

En Colorado, por ejemplo, las autoridades ya anunciaron que el programa CHIP podría terminar, mientras que en otros Estados se está trabajando con opciones para cubrir el vacío en caso que ocurra.

Los Estados necesitan tiempo para tomar las mejores decisiones en la contratación de proveedores, aseguradoras y planes de atención médica.

La demora pone una presión innecesaria y crea incertidumbre. El Congreso debe autorizar CHIP con rapidez.