Qué fue el “genocidio canadiense” por el que murieron cientos de mujeres
Canadá publicó este lunes una investigación tras más de dos años de audiencias y testimonios. Las primeras informaciones del informe hablan de "genocidio"
Crédito: Getty Images
Han pasado casi 50 años desde que Helen Betty Osborne, una mujer indígena que soñaba con ser maestra, fue secuestrada y brutalmente asesinada cerca de Manitoba, una ciudad canadiense profundamente dividida por líneas raciales.
En muchos sentidos, la muerte de la joven de 19 años fue indicativa de los casos que estaban por llegar: una adolescente indígena obligada a abandonar su remota comunidad atacada por cuatro hombres simplemente por su raza y la larga espera de la familia para que se hiciera justicia.
Hace 15 años, Amnistía Internacional calificó el ataque a la tímida joven como “una advertencia ignorada”.
La violencia que enfrentan las mujeres y las niñas indígenas de Canadá está ahora en el centro de atención, con la publicación de una investigación nacional sobre mujeres desaparecidas y asesinadas tras más de dos años de audiencias y testimonios.
Este lunes, se publicó el informe final sobre el caso en el que se concluye que Canadá es cómplice de un “genocidio basado en la raza” en contra de las mujeres indígenas, cuyas probabilidades de ser asesinadas o desaparecidas son 12 veces mayores que las de cualquier otra mujer en ese país.
El documento, de 1.200 páginas, acusa de la desproporcionada violencia contra las mujeres indígenas al colonialismo fuertemente arraigado y a la inacción del Estado.
Además, apunta que detrás de las “impactantes tasas de violencia en Canadá” están las “persistentes y deliberadas violaciones” de los derechos humanos e indígenas.
“Pese a las diferentes circunstancias y antecedentes, todas las asesinadas y desaparecidas están conectadas por la marginalización económica, social y política; por el racismo y la misoginia que se encuentran imbricados en el tejido social de Canadá”, dijo Marion Buller, jefa de la comisión de investigación, en una declaración.
Activistas y familiares
“Se tardó 40 años en llegar a este momento y solo porque las mujeres indígenas han estado en el terreno haciendo ruido”, afirma Robyn Bourgeois, académica y activista que investiga el activismo indígena en Canadá, a Jessica Murphy, periodista de la BBC en Toronto.
“Sin ellas no estaríamos aquí”, dice.
Entre las activistas hay familiares de víctimas que han hecho campaña incansablemente por los seres queridos que perdieron, y activistas de base como Beverley Jacobs y Terri Brown, quienes también perdieron a miembros de su familia.
Para Jacobs, el asesinato en 2008 de su prima Tashina General, de 21 años, fue un punto de inflexión en su trabajo. Para Brown, cuya hermana de 41 años, Ada Elaine, murió en 2001, la pérdida continúa atormentando a la familia, que dice que fue asesinada y que su caso fue mal manejado.
Jacobs, abogada mohawk, fue la investigadora principal del informe de Amnistía sobre discriminación y violencia contra las mujeres indígenas, y pasó meses viajando por todo el país reuniéndose con las familias de mujeres que habían desaparecido o habían sido asesinadas.
“En ese momento, eran las familias las que estaban haciendo todo el trabajo”, dice. “Fueron las que hicieron los carteles y las búsquedas, pasándolo mal con la policía, y sin obtener respuestas”.
Su esfuerzo comenzó justo cuando un caso horrible estaba a punto de aparecer en los titulares de todo el mundo.
La policía había arrestado a Robert Pickton, un asesino en serie que había asediado a mujeres del distrito de Downtown Eastside, en el centro de Vancouver, durante años, siendo muchas de sus víctimas indígenas y marginadas.
Las autoridades habían negado durante mucho tiempo que hubiera un patrón en las desapariciones, o que pudieran estar vinculadas.
Pero una investigación local posterior dejó al descubierto el fracaso sistémico y el sesgo que permitieron a Pickton asesinar a mujeres durante años sin ser atrapado.
Pickton fue finalmente condenado a cadena perpetua por el asesinato de seis mujeres. Inicialmente había sido acusado de matar a 26 mujeres de un total de 69 que habían desaparecido durante los años 80 y 90.
Su juicio de alto perfil hizo que activistas como Jacobs pensaran que lo que había ocurrido en el estado de Columbia Británica, cuya principal ciudad es Vancouver y donde las mujeres indígenas eran una parte desproporcionada de las mujeres reportadas como desaparecidas o asesinadas, se vería también a nivel nacional.
“Ese [caso] fue un punto de inflexión”, dice Bourgeois.
También fue donde Jacobs, la abogada mohawk, comenzó su trabajo. “Lo primero que pensé que tenía que hacer era ir a Downtown Eastside porque Pickton acababa de ser arrestado”, explica.
Las mujeres que habían estado trabajando durante años para llamar la atención sobre lo que estaba pasando la llevaron a la granja de cerdos del asesino, el sitio donde había cometido los asesinatos.
“Fue horrible. Fue antes de cualquier juicio, no estoy segura de que se hubieran presentado cargos todavía. Pero [los investigadores] ya estaban cavando en el suelo”, cuenta Jacobs.
“Posiblemente incredulidad o miedo”
Brown, activista indígena desde hace mucho tiempo y, como Jacobs, expresidenta de la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá (NWAC, por sus siglas en inglés), fue fundamental para alertar sobre el “horripilante número de mujeres” que estaban desapareciendo en Vancouver.
Bajo su liderazgo, el NWAC colaboró con grupos como Amnistía Internacional; Kairos, un grupo religioso; y las iglesias anglicana para crear una campaña de sensibilización nacional.
Pero Brown dice que fue una repetición de lo de Vancouver: a menudo se encontraban con indiferencia. También había interrupciones significativas en los registros, lo que dificultaba obtener una imagen completa del problema de la violencia.
Se estaba llevando a cabo un conteo no oficial de los desaparecidos. En Toronto, Amber O’Hara, una mujer del grupo anishinaabey activista contra el SIDA, comenzó a compilar una base de datos en línea.
Y según Brown, las mujeres en Downtown Eastside “estaban haciendo un gran trabajo, contabilizando a las mujeres que se estaban perdiendo”.
“Las familias venían y decían: ‘No la hemos visto en semanas’. Y la policía contestaba: ‘Tal vez esté de vacaciones en algún lugar’. ‘Bueno, discúlpeme, nunca dejaron esa cuadra del Eastside”.
Brown, quien entonces dirigía la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, decidió que debía haber una compilación formal de los datos.
“Quería ponerle números a esto porque nadie nos creía”, rememora. “Pero no teníamos los recursos, hice mi propia investigación y la presenté, pero ellos dijeron: ‘Bueno, ¿cómo sabes que es verdad?’ En ese momento dijimos que había unas 500 mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas”.
La asociación consiguió fondos federales para fundar la campaña Sisters in Spirit (“Hermanas en Espíritu”), que investigó y sensibilizó sobre las altas tasas de violencia contra las mujeres indígenas. Para el año 2009, habían recopilado 520 nombres.
Aún así, Brown recuerda haber llevado las estadísticas a reuniones con funcionarios del gobierno, incluso algunos líderes indígenas, y dice que “lo más extraño” fue el presentar los datos “a personas que se sentaban allí y te miraban, no te respondían, no te decían nada, no te alentaban, no te daban su apoyo de ninguna manera “.
“Inexpresivos. Posiblemente incredulidad o miedo. No lo sé”.
Las estadísticas
Hasta el día de hoy, la falta de datos sólidos significa que nadie sabe exactamente cuántas mujeres y niñas indígenas han sido asesinadas o han desaparecido en las últimas décadas. Pero algunas estadísticas sí han sido compiladas.
- El 10% de todas las mujeres reportadas como desaparecidas son indígenas y representan el 21% de las víctimas de homicidio. Los indígenas canadienses representan alrededor del 4% de la población.
- La mitad de los homicidios fueron cometidos por un miembro de la familia, pero las mujeres indígenas también tienen 1,4 veces más probabilidades de ser asesinadas por alguien con quien no tienen una relación cercana.
- En 2014, la Real Policía Montada de Canadá identificó casi 1.200 casos sucedidos entre 1980 y 2012.
- Las mujeres indígenas tienen un mayor riesgo de sufrir agresiones físicas y sexuales, incluso cuando se toman en cuenta otros factores de riesgo, y experimentan más violencia por parte de sus parejas.
Bourgeois y Jacobs intentaron tomar una dirección diferente. Fueron al escenario internacional. Brown comenzó a plantear el tema en reuniones de la ONU y en otros lugares.
“Dondequiera que iba, lo mencionaba”, explica. “No es que a alguien le importara. Pero pensé que en algún momento alguien escucharía”.
Jacobs dice que sabían que Canadá no estaba haciendo nada. “Y sabíamos que los foros internacionales atraerían la atención contra Canadá”, afirma. “[A nivel internacional] No hay mecanismos de imposición. La única forma es causar vergüenza al país”.
Luego, en agosto de 2014, 43 años después del asesinato de Osborne, otro caso, esta vez la muerte de una estudiante de 15 años llamada Tina Fontaine, comenzó a aparecer en los titulares de todo Canadá.
Su asesinato provocó una indignación colectiva y feroz y consolidó los pedidos de que se abriera una investigación nacional.
Para 2015, la ONU estaba presionando para que hubiera una investigación pública, al igual que un informe canadiense histórico sobre la reconciliación con los pueblos indígenas.
El primer ministro, Justin Trudeau, lanzó oficialmente una investigación al año después de ganar las elecciones generales de 2015.
Para entonces, Brown y Jacobs se habían alejado del activismo por este tema. Ambas dicen que les afectó emocionalmente, especialmente dado que ambas habían perdido a sus seres queridos.
“Sentí que ya no podía hacerlo. Me enojé demasiado”, dice Jacobs. “Desde el momento en que empecé [después de la muerte de mi prima] sentí que estaba golpeando mi cabeza contra la pared, sentí que no se estaba logrando nada”.
También han sido críticas con la investigación.
Jacobs asegura que nunca logró realmente ganarse la confianza de muchas familias que perdieron hermanas o madres o hijas, y muchas no fueron incluidas en las audiencias públicas.
Según Brown, “hablaron con muchas familias, abrieron muchas heridas. Pero al final, ¿alguien fue arrestado?”
“Tiene que haber justicia. Esos hombres tienen que ir a la cárcel. Si no lo hacen, todo el dinero gastado y todo lo que hablamos no vale la pena, porque no hay justicia”.
También advierten que, si bien la investigación pudo haber terminado, los índices de violencia se mantienen altos.
La verdadera curación vendría de parte de los canadienses indígenas que reclaman su cultura, idioma y tradiciones, dice Jacobs.
Afirma que Canadá debe tomar pasos concretos hacia la reconciliación y responsabilizarse de políticas que han sido perjudiciales para las mujeres indígenas.
En estos días, Brown va a las vigilias organizadas para las mujeres desaparecidas y se siente reconocida.
“Alguna joven, inevitablemente, en algún momento viene y empieza a informarme sobre el tema y yo solo pienso: ‘Sí, hay esperanza para nosotros ahora'”.
“Porque conocen el problema, pueden nombrar el problema, tienen la fuerza para hablar sobre ello”.
El informe final
El camino hacia la publicación del informe final de la investigación nacional no siempre ha sido fácil.
La investigación, con un costo de US$68 millones, se inició en 2016 con un mandato para profundizar en las causas sociales, económicas, culturales, institucionales e históricas subyacentes de la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas.
Se llevaron a cabo 24 audiencias en todo Canadá, con el testimonio de casi 1.500 personas, incluidos familiares de mujeres desaparecidas o asesinadas y sobrevivientes de violencia. También se escuchó a decenas de expertos y se revisaron los archivos policiales e institucionales.
Ha habido renuncias, retrasos, críticas relacionadas con la transparencia y las comunicaciones, y preocupaciones sobre su alcance. Los comisionados lucharon para obtener una extensión de dos años, pero recibieron solo seis meses adicionales del gobierno federal.
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