Supremo vs. Ley de Arizona

WASHINGTON, D.C.- Un gran contraste se vio ayer en la Corte Suprema. Aunque cientos de personas se congregaron en las calles, para reclamar contra una ley que consideran injusta, adentro del tribunal las preguntas de los jueces y los argumentos legales, parecieron inclinarse a favor de mantener la SB1070.

Las aceras de la Corte estaban repletas. En su mayoría personas que se oponen a la polémica legislación, levantaban sus carteles, clamando por un resultado que anule la medida. “Los inmigrantes somos importantes”, gritaban, “Arizona con su gente está siempre presente”, vitoreaban.

Por cerca de 90 minutos, ocho jueces del máximo tribunal examinaron la legislación, en medio de un salón repleto con personalidades, como la gobernadora de Arizona Jan Brewer, el autor de la SB1070, Russell Pearce, e incluso, el director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton.

En juego estaban cuatro provisiones de la ley. Primero, la facultad de los oficiales locales para realizar chequeos de inmigración, si tienen una sospecha razonable de que las personas son indocumentadas. También figura criminalizar la ausencia de tarjetas de registro federal, así como la postulación a empleos por parte de personas sin papeles. Por último, permite que la policía arreste a inmigrantes, sin una orden, cuando existe causa probable de que han cometido una ofensa, que implique su deportación.

Representando al estado de Arizona, el abogado Paul Clement se esforzó por retratar la SB1070 como un intento de ayudar al Gobierno federal en el control de la ley de inmigración. Un punto que pareció ser bien recibido por varios jueces. “Si Arizona no tiene poder para controlar sus propias fronteras, ¿cuál es el significado de la soberanía?”, se preguntó el magistrado Anthony Scalia.

“La Constitución reconoce la existencia de fronteras estatales y los estados pueden vigilarlas, incluso hasta el punto de inspeccionar carga que excluya material contagioso”, dijo el juez.

“¿Qué hay de malo en que un estado ejecute la ley federal?”, se preguntó.

La Administración se basó en la autoridad del Gobierno para regular las leyes de inmigración y no en sus posibles efectos, como la práctica del perfil racial. El fiscal general adjunto, Donald Verrilli, enfrentó fuertes críticas de los jueces más conservadores.”Me parece que al Gobierno no le interesa saber quién está acá ilegalmente”, dijo el presidente de la Corte Suprema, John Roberts a Verrilli.

Incluso la jueza Sonia Sotomayor le pidió que entregara otros puntos del debate, ya que los suyos, no estaban teniendo éxito. “Dejando de lado su argumento -de que una cooperación sistemática [entre gobierno y estado] está equivocada- porque no se está vendiendo muy bien, por qué no trata de salir con algo diferente”, dijo.

Los expertos coinciden en que no se puede asumir cómo será el fallo de la Corte, a partir de las audiencias. “Es difícil predecir el resultado, solo con las preguntas y los argumentos debatidos. Pero sin importar cómo sea el veredicto, hay otros desafíos legales a la Ley de Arizona, basados en sus efectos discriminatorios”, aseguró Linton Joaquin, abogado del National Inmigration Law Center (NILC).

Sin embargo, personalidades como la gobernadora de Arizona se mostraron muy complacidas. Con oídos sordos a las pifias del público y personas que la llamaban “bruja”, se mostró optimista y dijo “que había sido un excelente día” para el estado, en la Corte.

“Fue una jornada muy favorable para nosotros. Estoy segura que van a mantener la legislación. Nuestro estado, está preparado para implementar la SB1070 ahora. Pienso que el voto final será 5-3”, comentó.

Congresistas como Luis Gutiérrez (D-IL) estaban decepcionados. “El Gobierno vino a decir que la ley federal tiene predominancia ante las leyes estatales en el ámbito de inmigración. Me hubiera gustado escuchar que también es la responsabilidad del Gobierno oponerse a leyes que discriminan contra los ciudadanos”, aseveró.

El senador Charles Schumer (D-NY) aseguró esta semana, que presentará un proyecto de ley en caso de que la SB1070 triunfe en la Corte Suprema, no obstante, líderes hispanos no parecen muy esperanzados en el éxito de la medida en el Congreso.”Vale la pena conversarlo, sostener un debate, pero la real solución es tener más poder como comunidad, continuar registrándonos para votar, para que al final obtengamos las políticas que nuestra comunidad necesita”, dijo Janet Murguía, presidenta de NCLR.

La Corte entregará su veredicto a más tardar en junio próximo. Con sólo ocho jueces participando, un virtual empate es posible, sin embargo, es probable que el tribunal falle por separado asado en las cuatro provisiones en debate.