Colorado protege a inmigrantes indocumentados para evitar deportaciones
Gobernador firma orden ejecutiva
Tres centros de detención del sur de la Florida se han puesto en cuarentena. Crédito: ice.gov
DENVER – El gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó la semana pasada una orden ejecutiva que prohíbe a las agencias de este estado compartir información personal con las autoridades federales de inmigración, si el único propósito de ese intercambio es hacer cumplir las leyes migratorias.
El decreto, un documento de cuatro páginas enviado el miércoles a las agencias de Colorado, impide que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras oficinas federales accedan a datos específicos de una persona (nombre, fecha de nacimiento, licencia de conducir, domicilio), excepto que la petición sea acompañada con una orden judicial.
“Mi administración se enfoca en que Colorado funcione para todos. Y para mantener esa visión, debemos asegurarnos de que todos en Colorado confíen en que pueden recibir ayuda del estado sin realizar sacrificios indebidos relacionados con sus datos privados”, dijo Polis, demócrata, en su decreto.
En ese contexto, dice el documento, “queremos asegurarnos de que todos los departamentos del Poder Ejecutivo (de Colorado) y todas las agencias estatales tengan normas para proteger los datos y la privacidad de los consumidores, incluyendo los pedidos de información por parte del Gobierno federal o de terceros”.
Por eso, las agencias de Colorado deben desde ahora crear un registro de cada pedido de información personal que reciban, indicando quién lo realiza, qué información se pide y por qué, y si el pedido fue aceptado o denegado.
Y, si el pedido es aprobado, la información debe ir acompañada de una nota indicando que los datos provistos solo podrán ser usados “para investigaciones criminales activas” y no “con propósitos de inmigración civil”.
Las agencias tienen ahora 30 días para implementar plenamente las nuevas reglas y luego deberán enviar reportes trimestrales al Gobierno estatal.
Polis promulgó su decreto luego de numerosos rumores en medios locales y nacionales de que agentes federales de inmigración tenían acceso a ciertos datos privados que hospitales o centros de ayuda habían compilado, usando esos datos para luego ubicar a presuntos indocumentados.
Aunque esos rumores no fueron confirmados, este jueves, en rueda de prensa virtual, la senadora estatal Julie Gonzales, demócrata, expresó que desde el inicio de la cuarentena hace dos meses ella recibió numerosos llamados de residentes locales indicando que no solicitarían ayuda, ni siquiera cobertura médica, para no compartir información con el Gobierno.
Gonzales, que respaldó el decreto de Polis, impulsó exitosamente este año varias nuevas leyes de protección de inmigrantes, incluyendo la prohibición de que se use la situación migratoria de una persona para negarle el alquiler de una vivienda, y la prohibición de arrestos de inmigrantes en o cerca de las cortes locales.
Además, una encuesta divulgada esta semana por Latino Decisions (y comisionada por UnidosUS, SOMOS y MoveOn) indica que la mayoría de los latinos en Estados Unidos desconfían de las autoridades federales, incluso si el Gobierno les ofrece ayuda por la pandemia.
Según el Buró del Censo, 10% de los casi 6 millones de habitantes en Colorado nacieron en el extranjero. Entre esos inmigrantes, de 150,000 a 190,000 serían indocumentados, estima el Pew Research Center.
