Confusión sobre los cambios

En mi experiencia, cada vez que el gobierno anuncia un nuevo plan relacionado con la inmigración, siempre ronda una gran incertidumbre e información errada antes de que el programa entre en vigencia.

En el peor de los casos, aparecen inescrupulosos asesores de inmigración -que a menudo se autodenominan “notarios”- fingiendo ser representantes legales genuinos, y prometen a inmigrantes temerosos, confundidos y demasiado optimistas una categoría legal fácil y rápida, a cambio de una alzada suma de dinero.

Ahora, en la víspera del plan del presidente Obama (similar a la controvertida Ley DREAM) denominado de “acción diferida”, y según el cual ciertos inmigrantes no-autorizados, que cumplen criterios muy específicos, podrían estar habilitados para recibir un aplazamiento de la deportación por dos años, corren por ahí aún más rumores ambiguos sobre cómo determinar si es conveniente que los inmigrantes procedan. Entre otros requisitos, deben ser menores de 31 años, haber sido traídos a Estados Unidos de niños, no deben presentar ningún riesgo para la seguridad nacional ni la seguridad pública y no pueden tener antecedentes penales.

Mientras muchas organizaciones de defensa de los intereses de los inmigrantes han aceptado esta oportunidad, el entusiasmo ha sido mitigado con advertencias sobre posibles bribones.

En Nueva York, la preocupación sobre la explotación de los inmigrantes fue tanta que a fines de julio, el gobernador Andrew M. Cuomo prometió fondos para que un equipo de abogados de inmigración trabajara con las organizaciones de inmigrantes del estado, a fin de asistir a los inmigrantes en el manejo del proceso.

Fue extraño, pues, que el senador de Illinois, Dick Durbin y el representante Luis Gutiérrez divulgaran el lunes un vídeo esbozando lo esencial sobre quién está habilitado para la acción diferida -agregando, inadvertidamente, más confusión a un proceso ya lleno de ansiedad.

En el vídeo, los dos legisladores -que siempre han pedido a sus electores que se cuidaran de posibles fraudes relativos a la inmigración y a los “notarios”- advertían a los “dreamers” que no contactaran ni a notarios ni a abogados, debido a los rumores de operaciones fraudulentas.

Y, caramba, los abogados de inmigración sin duda no perdieron tiempo en saltar ante esos comentarios. Para el martes, Lory Rosenberg, abogada de inmigración y jueza durante mucho tiempo, presentó comentarios titulados “DREAMers Do Need Lawyers” (Los DREAMers sí necesitan abogados) como invitada, en el blog del abogado de inmigración Mathew Kolken, titulado Deportation and Removal (Deportación y remoción); y se propagaron como un reguero de pólvora.

Para el miércoles por la tarde, el video original de Durbin y Gutiérrez había sido eliminado de YouTube, de los sitios web de los políticos y de las redes de medios sociales, agregando aún más confusión a un programa de ayuda al que, hasta hace poco, se había temido como una posible trampa de deportación.

“Cuando vimos que el vídeo apareció en las listservs, pensamos que era realmente un error que ellos dijeran ‘no contraten un abogado ni un notario’, poniéndolos en el mismo nivel”, me dijo Rosenberg. “Sí, probablemente, uno podría llenar los papeles solo, pero aún en la mejor de las circunstancias, nunca existe la garantía de que sólo por ser una buena persona y no tener problemas legales en su pasado vaya a funcionar para usted. He visto demasiadas buenas familias divididas.”

“Aún no hemos visto la solicitud, pero no es que vaya a ser una solicitud de una página con 20 preguntas, será una profunda evaluación”, expresó Rosenberg. “Y hay que examinarla en su totalidad -los “dreamers” deben pensar si van a exponer a sus padres, sus hermanos, que quizás no estén habilitados… Hay muchas cuestiones”.

En sus comentarios en el blog, Rosenberg meramente expuso las mismas inquietudes de millones de jóvenes sobre el albur de la acción diferida, pero agregó inquietante experiencia de primera mano: “Sería ingenuo suponer que el proceso de adjudicación de acción diferida será totalmente benévolo e indulgente, o ignorar el historial de Departamento de Seguridad Interna (DHS) en otros programas discrecionales, particularmente dada la elocuente oposición de representantes de algunos empleados dentro de ese organismo”.

Me dijo que un abogado calificado constituye una buena protección contra ese escollo particular. “He trabajado en esto durante casi 35 años, y en ese tiempo, el nombre del organismo cambió, las personas cambiaron, pero las consecuencias no han cambiado -la vida de la gente puede resultar literalmente arruinada…

“Simplemente no creo que se puede confiar en DHS. La gente que procesa no siempre obedece lo que Janet Napolitano le pide que haga, y en cualquier segundo podrían modificar los términos o todo el asunto podría ser detenido”.

Sé que suena muy duro. Pero ustedes deben decidir por sí mismos si una testigo de las complejidades del sistema de inmigración está motivada principalmente por defender los intereses de los abogados, o si las optimistas soluciones presentadas por los defensores de un Gobierno desesperado por captar los votos latinos en los comicios en noviembre son más fiables.