Narcotráfico; falacias en Davos
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, sigue empecinado en promover la despenalización de la droga. Este 23 de enero en el Foro de Davos (Suiza) llamó a buscar una alternativa reguladora, o un término medio, entre la prohibición y legalización completas. ¿De qué habla realmente? Mencionó la regulación sobre una “base científica” (dirigida más a las consecuencias del narcotráfico), la descriminalización de la mariguana en Guatemala (la posesión, no el consumo) y dijo a la prensa que regular las sustancias ilícitas “reduciría la violencia en un 50 por ciento”.
Pero no es cierto. Y si lo es, Pérez Molina contradijo sus declaraciones de hace un año, cuando por primera vez anunció su postura respecto a la despenalización. En febrero de 2012, el mandatario dijo que la violencia en Guatemala se debía principalmente a las pandillas (cuyo vínculo con las drogas se reduce a la venta para el consumo). Luego, el 11 de junio, la publicación digital El Faro de El Salvador citó al ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, así: “atribuimos a la organización pandillera un 60 por ciento de los homicidios”. El ministro explicó que un tercio de ese porcentaje obedecía a violencia entre pandillas rivales; el resto no eran miembros de las pandillas, pero sí eran victimizados por éstas.
La policía dice que la extorsión pandillera es el principal móvil de los homicidios. Quien no paga, lo matan. El mayor ingreso de las pandillas proviene de las extorsiones a comerciantes, empresas de transporte colectivo y propietarios de viviendas o inquilinos en zonas residenciales. Segundo en la escala de ingresos está el narcomenudeo; luego, los asaltos a peatones.
Estos datos hacen dudar del “50 por ciento” de reducción en la violencia que estima Pérez Molina con la regulación de las sustancias ilícitas. Si consideramos el 60 por ciento de la violencia criminal atribuible a las pandillas, según su ministro de Gobernación, el otro 40 por ciento no es totalmente atribuible al trasiego de sustancias ilícitas—particularmente la mariguana. Los números del presidente no cuadran.
La misma ONU dijo en 2011 que el 90 por ciento de la mariguana se produce en Norteamérica, cerca o en el principal mercado de consumo: Estados Unidos. En Centroamérica, la mayor parte del narcotráfico involucra cocaína, precursores químicos para droga sintética, o pastillas. Tocaría estimar qué porción del sobrante 40 por ciento de violencia criminal en Guatemala (que excluye actividad pandillera) está vinculado con cocaína o drogas sintéticas—no mencionadas en la propuesta de Pérez Molina.
Por aparte, quizá uno de los pocos beneficios de descriminalizar la mariguana, para el consumo o la venta, sería el descongestionamiento de los juzgados de casos de personas capturadas por este motivo. También son comunes los casos de personas capturadas con un par de onzas de cocaína o piedras de crack, que congestionan los juzgados y son un problema que no sería resuelto con la despenalización o descriminalización de la mariguana.
Entonces, ¿de qué habla realmente Pérez Molina y qué pretende con promover una discusión cuyos detalles todavía son difusos? Quizá lo sepamos este año en la cumbre de la que será anfitrión junto a la Fundación Soros, en Guatemala, sobre propuestas alternativas para el control de las drogas. George Soros, como Pérez Molina, dice que la actual política contra las drogas hace peligrar la estabilidad política en muchos países. Otra mentira. Lo que hace peligrar esa estabilidad son la corrupción y la impunidad, que a la larga generan más violencia, y no figuran en los argumentos de Pérez Molina. En cambio, apoyado en falacias, el presidente ha optado por dorar la píldora en Davos.
