La extradición no es varita mágica
El Departamento de Justicia de EE.UU. ve en las extradiciones una herramienta para hacer girar las ruedas de la justicia, cuando las ruedas necesitan un empujoncito, como en Centroamérica. Pero las extradiciones no son una varita mágica.
Por un lado, su efecto es simbólico: el brazo largo de la justicia estadounidense traspasa fronteras para alcanzar a los responsables de delitos cometidos en EE.UU. De paso, envían un mensaje: los delitos cometidos contra EE.UU. no quedan impunes.
Por otro lado, una solicitud de extradición espolea sistemas de justicia que son incapaces de capturar a un criminal y a llevarlo a juicio, pero que lo capturarán si lo pide EE.UU. El sistema no es infalible. Las ruedas de la justicia se atoran, y la extradición puede demorar años.
Desde octubre de 2010, Guatemala ha capturado a siete socios importantes del mexicano Cártel de Sinaloa porque EE.UU. pidió su extradición, no porque enfrentaban cargos en Guatemala—aunque durante años fueron vinculados al narcotráfico. Sin embargo, sólo dos ya fueron extraditados porque no apelaron su extradición: Walter Overdick y Walter Montejo (capturados en abril y junio 2012).
En Honduras, EE.UU. reclamó el hecho que el guatemalteco Mario Ponce Rodríguez fue extraditado hasta siete meses después de su captura por narcotráfico, en mayo de 2011. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, el resultado fue la apurada aprobación de una reforma que hizo expedito el proceso. Cuando el guatemalteco Juan José Véliz Pineda (cómplice de Ponce) fue detenido el 13 de marzo de 2012, lo trasladaron a Nueva York 10 días después.
Pero EE.UU. ya suma más de año y medio pidiendo a Guatemala la extradición de al menos cinco guatemaltecos. Además, lleva 14 años esperando por la extradición de un estadounidense desde Belice, por un caso de asesinato en Florida.
En algunos casos, EE.UU. encontró un atajo. Los extraditables extranjeros fueron expulsados por el país donde los capturaron, pero no hacia su país de origen, sino hacia las manos de la DEA, que los llevó a EE.UU. en espacio de uno a tres días. En 2003, 2008, y 2010, una corte de Nueva York recibió a tres narcotraficantes guatemaltecos (Byron Berganza, Jorge Paredes, Otoniel Paredes) expulsados por El Salvador, Honduras y Belice, respectivamente.
Este año, las extradiciones en Honduras se empantanaron de nuevo. Hace dos semanas, una fuente judicial dijo a Proceso Digital (un medio hondureño) que la Corte Suprema de Justicia comenzará los procesos de extradición cuando los jueces que conocen los casos sean protegidos adecuadamente. El anuncio ocurrió días después de que la jueza de sentencia, Mireya Mendoza Peña, fue acribillada en El Progreso, Yoro. Mendoza es uno de los 63 abogados (entre jueces, fiscales, asesores legales, y abogados litigantes) asesinados desde 2010, cuando José Lobo asumió la presidencia. El 97 por ciento de estos hechos permanece impune, una tendencia que la extradición, por sí sola, no detiene.
Las solicitudes de extradición precipitan capturas, pero no garantizan la reducción del crimen organizado. En Guatemala, la captura de extraditables coincidió con la reducción sostenida en la tasa de homicidios de 2010 a 2012, también atribuible al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y a un incipiente fortalecimiento institucional. Pero en junio pasado, la policía reveló que Juan Ortiz, el socio guatemalteco más importante del Cártel de Sinaloa, aun dirige sus negocios desde la cárcel mientras torpedea su extradición. Además, la tasa de homicidio en Guatemala, como en Honduras y Belice, está entre las más altas del hemisferio.
EE.UU. tendrá sus objetivos. Y las extradiciones llevan a capturas que quizá nunca ocurrirían. Pero Centroamérica también necesita en un sistema de justicia honrado y profesional para reducir la violencia y la impunidad, una meta que aun parece lejana. Apenas este 14 de agosto, el gobierno hondureño suspendió el salario que 2,151 policías cobraban todos los meses, pero de quienes no había rastro en ninguna instalación policial.
