Dejar que el vecino nos castigue al hijo

Es curioso cómo funciona la justicia adentro y fuera de los Estados Unidos cuando de narcotráfico se trata. Las extradiciones permiten que poderosos narcos centroamericanos, en lugar de pasearse libremente en Latinoamérica y/o Europa, encuentren castigo tras las rejas en EE.UU.

Mucho se podrá decir del sistema judicial estadounidense, que tiene sus fallas, etc. Pero este sistema, desde hace más de dos décadas, le hace la tarea a países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Hace pagar a criminales que, de otra forma, jamás pondrían un pie en la cárcel. Algunos ejemplos: el ex diputado salvadoreño William Eliú Martínez, capturado en Panamá en 2003 y quien purga 29 años de cárcel por narcotráfico; y el guatemalteco Mario Ponce, capturado y extraditado desde Honduras en 2011, y condenado a 25 años, entre otros.

Para los gobiernos de los países centroamericanos, el trato resulta cómodo—aun si EE.UU. otorgue a los narcos un generoso descuento a la pena de cárcel si se declaran culpables y delatan a sus cómplices.

Está el caso del guatemalteco Otto Herrera, bisagra entre el mexicano Cartel de Sinaloa y el último capo del colombiano Cartel de Cali (hasta 2007). Herrera, capturado en Colombia, era un tipo más importante que Martínez y Ponce, pero sólo estuvo seis años en prisión. En Guatemala, nunca puso pie en la cárcel.

Este modus operandi equivale a que un padre permita que el vecino le castigue al hijo. Es una diferida impartición de justicia, que no se limita al narcotráfico. De no ser porque el ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo fue acusado de lavado de dinero en una corte de Nueva York, que pidió su extradición, jamás hubiera pasado un día en la cárcel en Guatemala y EE.UU.

El problema es que los narcos pagan sus pecados en cárceles de EE.UU., pero dejan una gran deuda en sus países de origen. ¿Quién responde por la violencia que generaron allí? ¿Por los muertos, el miedo, los desplazados, y quién sabe qué otros crímenes? Nadie. Esa gran deuda de impunidad tarde o temprano pasa factura. En el triángulo norte, abona al nivel de impunidad total que ronda el 70%. Esto, sumado a que la región está en el 30% de países percibidos como más corruptos, hace que el istmo se mantenga en guerra consigo mismo.

Es súper curioso que para 2010 la guatemalteca Marllory Chacón Rossell, hoy detenida en EE.UU., había traficado toneladas de cocaína entre Honduras, Guatemala y México, y lavado millones de dólares (propios y de otros narcos), pero en 2012 la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (MP) en Guatemala tenían cero evidencias de ello. En 2014, una acorralada Chacón, quien hasta tenía a una hija estudiando en París, Francia, se entregó a la justicia estadounidense. Y hasta con Chacón tras las rejas en EE.UU., el MP repetía que no tenía evidencias para acusarla. Debió Chacón declararse culpable en una corte de Florida, en diciembre pasado, para que mágicamente en 2015 el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijera que hay varios procesos penales contra ella en 2015.

Tan claro como el agua que algo marcha muy mal. Aún así, EE.UU. pretende presupuestar un millardo de dólares para la región, para reducir la inseguridad, promover el desarrollo local, y reducir la migración indocumentada. La misión tiene un nombre: “Alianza para la Prosperidad”, y el optimismo de EE.UU. es casi quijotesco.

Nadie quiere ver este plan fracasar. Pero quienes vivimos en la región ya hemos visto mucha agua pasar bajo el puente. Sigue parte del modelo del Plan Colombia, que contribuyó a reducir la narco violencia en ese país. Que funcione en Centroamérica, son otros diez pesos. Los astros deben estar alineados, y para eso toca tener voluntad, subirse las mangas de la camisa y trabajar—no pretender que el vecino haga el trabajo duro. EE.UU. quiere que la región también se meta la mano al bolsillo y ponga de su parte—algo difícil de visualizar cuando casi todos los años, al menos en Guatemala, el presupuesto está desfinanciado y depende de préstamos.

Sólo en febrero pasado la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, anunció con candidez que no había plata para pagar el sueldo a los fiscales, y que ella no podía obligarles a trabajar. Entonces, si con fiscales que reciben sueldo no encuentran evidencias en casos grandes como el de Chacón, ¿qué se espera de fiscales sin sueldo o sueltos atrasados? Es una forma de comprender por qué EE.UU. acaba sacando parte de la tarea de los sistemas judiciales en la región. ¿Pero esto a quién le sirve? ¿Los castigados aprenden la lección? ¿Escarmientan los que todavía delinquen y están libres? (porque los hay también que delinquen desde la cárcel en Centroamérica).

Quizá haya cambios de verdad cuando los políticos del istmo se tomen en serio la tarea de gobernar, sin delegar al vecino la impartición de justicia. La deuda de justicia con los centroamericanos víctimas del narco, y otros delitos, ya no se puede ocultar bajo la alfombra. Ningún vecino puede corregir nuestros errores por nosotros. Nadie nos puede hacer esa tarea.