México y Guatemala, vecinos que pierden el norte

Los mandatarios aparecen desconectados de la realidad y sin brújula a la vista

Al menos ocho carreteras de Guatemala continúan bloqueadas por campesinos que demandan la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral.

Al menos ocho carreteras de Guatemala continúan bloqueadas por campesinos que demandan la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral. Crédito: EFE

Estar en la cima y perder el norte no es poca cosa. Sentado en la silla presidencial, un mandatario debería tener la perspectiva para decidir ecuánimemente sobre los destinos del país. Pero algunos presidentes latinoamericanos demuestran lo contrario. Y la gente está cansada. La sangre llegó al río.

En México, la gota que derramó el vaso fueron la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre, y la tibia reacción gubernamental. La indignación se expandió en todo el país cual fuego sobre pasto seco, y las llamas hasta alcanzaron la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Chilpancingo, Guerrero, partido que llevó al poder a Enrique Peña Nieto (EPN).

No ayudó que EPN se anunciara “dolido” por las desapariciones, pero igual viajara a China. Tampoco ayudó que se conociera la compra que EPN y su esposa Angélica Rivera hicieran de “la Casa Blanca” (un palacete con alberca y palmeras) vía una transacción cuestionable. Un EPN y Rivera, ataviados en túnicas de seda y saludando al presidente de la República Popular China, Xi JinPing, parecían una realidad paralela al México en los titulares de prensa, con edificios de gobierno calcinados, y autoridades locales responsabilizadas de la desaparición de los estudiantes.

Abona al INRI que el gobierno mexicano no parezca preocupado en averiguar de quiénes son los restos que sí aparecieron en las fosas halladas (durante la búsqueda de los estudiantes), para cerrar el duelo inconcluso de los seres queridos de estas víctimas invisibles.

Mientras tanto, en Guatemala, al presidente Otto Pérez Molina (OPM) también se le desmorona el país. Para el 11 de noviembre había tres días de manifestaciones bloqueando 15 carreteras por un variopinto de razones: el pago atrasado (durante meses) de salarios para personal médico, el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales estatales; la demora en la aprobación de leyes de desarrollo social, y la renuencia de los diputados en el Congreso de la República a atender en persona a otros manifestantes en la capital.

Algunos manifestantes utilizaron armas de fuego contra la policía que intenta dispersarlos. Hay ocho policías heridos, y 14 personas capturadas. El sector privado dice que los bloqueos causan millonarias pérdidas para el comercio. El Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, envilece las protestas y dice que con bloqueos no se puede pedir la resolución de los problemas al gobierno—a un gobierno que se dice sin plata, pero está en el 30 por ciento de países percibidos como más corruptos, según Transparencia Internacional.

El ministro olvida que el gobierno atiende demandas hasta que se toman medidas de hecho. De lo contrario, acude a medidas dilatorias como convocar a mesas de diálogo, que producen cero resultados. Sin embargo, cuando se toma medidas de hecho, algunas organizaciones son infiltradas por grupos de choque, con rencillas contra autoridades locales, o para inclinar a los manifestantes hacia la violencia, y criminalizarlas demandas sociales. Eso no se investiga, pero le justifica al gobierno deslegitimizarlas demandas.

OPM dirige un país con una de las tasas de homicidios más altas del continente. Mientras tanto, en los hospitales estatales, por falta de fondos, no pueden hacer cirugías sin que el paciente (hasta quienes padecen cáncer) lleve las gasas, guantes quirúrgicos y medicamentos para la intervención. En los portones de los hospitales hay carteles que anuncian que no hay atención por falta de insumos, salvo en emergencias. Eso sí, este mes, la Superintendencia de Administración Tributaria (para la recaudación fiscal), gastó $7,800 dólares en un torneo de boliche. ¿Qué tal? Pero no hay dinero.

La semana pasada, OPM y el ministro López Bonilla salieron a la calle en moto, con unos 30 escoltas motorizados, y un helicóptero. La vuelta, decían, era para supervisar los operativos de seguridad a los autobuses de transporte colectivo en la capital, un blanco de extorsionistas que ejecutan a los choferes que no pagan su cuota. Ese día, asesinaron a un chofer (van más de 50 asesinados en 2014). Y daba pena escuchar (la radio lo transmitió vivo) a OPM decirle a la viuda del asesinado (y madre de tres niños) “lo sentimos mucho”, “hacemos nuestro mejor esfuerzo”, “ya tenemos a mil policías supervisando la seguridad de los buses”. Con un poco de imaginación, el tono de voz de OPM sonaba como el tintineo de una olla de peltre. Vacío. Inútil.

¿Qué se hace con un presidente que perdió la brújula? Se puede manifestar para hacer catarsis, y acabar con una resaca nacional, a menos que en México se acabe la tolerancia gubernamental a la impunidad, y cese la prevalencia de los intereses criminales sobre los derechos de los mexicanos de bien. Y, ¿en Guatemala? Un buen comienzo sería un gobernante conectado con la realidad, que no escuche malos consejos (como la ridiculez del paseíto en moto), y que gobierne para todos—no sólo para los empresarios, o los burócratas engordados a puro recurso estatal. Y que alguien le diga dónde está el norte.

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