Piden medidas contra abusos sexuales en Rikers

La defensora pública Letitia James pidió a la Junta de Correccionales de la Ciudad de Nueva York crear reglas que se puedan poner en práctica para tratar de reducir las altas tasas de victimización sexual que se registran en la cárcel de Rikers Island.

La funcionaria citó cifras dadas a conocer por el Departamento de Justicia que muestran que un 8.6% de las reclusas del centro Rose Singer reportó haber sido acosada o abusada sexualmente, un porcentaje considerablemente alto comparado con el 3.2% de los casos  registrados a nivel nacional.

“Nuestras cárceles no están fuera del alcance de la justicia, pero las tasas de victimización en Rikers Island son inaceptables”, dijo James que hizo un llamado a la Junta de Correccionales para que reconsidere su petición en su próxima reunión. “No podemos esperar mucho más para poner en práctica los más básicos derechos que toda la gente merece, esté o no encarcelada”.

Actualmente existen lineamientos federales para abordar el tema bajo la Ley de Eliminación de la Violación en Prisión (PREA) y son los que rigen para las cárceles de la ciudad. Sin embargo, cuando los estados certifican al gobierno federal que ellos están en concordancia con PREA en orden de mantener los fondos, no necesitan incluir información sobre la concordancia en instituciones carcelarias locales.

Entre las peticiones que hizo James a la junta se incluye además que se ponga en vigencia una política de cero tolerancia contra el abuso y el acoso sexual  por parte de los empleados o los prisioneros, y que se incluya el lenguaje ofensivo, los gestos o la violación.

También pide que se incremente el entrenamiento del personal y se les verifique su pasado por convicciones por crímenes de abuso sexual, además de aumentar las cámaras de vídeo en las facilidades carcelarias, entre otros.

En respuesta a la petición una portavoz del Departamento de Correccionales dijo que el comisionado Joseph Ponte “está profundamente comprometido a proteger y garantizar la seguridad de todos los prisioneros”.

El Departamento de Correccionales recibió una partida de $1.2 millones de parte del Departamento de Justicia para evaluar y perfeccionar las prácticas correccionales relativas al cumplimiento de PREA. El Comisionado Ponte también anunció recientemente una iniciativa de 14 puntos contra la violencia, la cual incluye el establecimiento de viviendas especiales para los reclusos enfermos mentales y personas transgénero. Vamos a revisar los cambios en las reglas una vez que se hayan propuesto”, afirmó la portavoz.