Fijarán fianzas ‘razonables’ para liberar a madres indocumentadas

El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció este martes una reforma para reducir el tiempo que familias indocumentadas permanecen en los centros de detención al acelerar el proceso de peticiones de asilo y ofrecer libertad bajo fianza “razonable y realista” a quienes sustenten el miedo creíble de persecución en sus países.
La fianza para que las familias puedan salir del centro de detención, dijo Johnson, “tomará en cuenta la capacidad de pago, el riesgo de huída y la seguridad pública”.
Se estima que en los dos centros de detención familiares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hay unas 1,000 mujeres con sus niños, la mayoría de ellos en Texas.
Como parte del nuevo plan, el  Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)  deberá realizar las entrevistas para determinar el miedo creíble en un plazo razonable.
“La detención de familias será, en la mayoría de los casos, por corto tiempo”, afirmó Johnson en un comunicado emitido en Washington.
Durante ese tiempo, ICE confirmará la dirección exacta y la información del patrocinador de la fianza para monitorear de forma efectiva al inmigrante y asegurar que se presenten en corte.
“El uso continuado de los centros residenciales de la familia permitirá la pronta remoción de los individuos que no han podido sustentar su caso de asilo bajo nuestras leyes”, dijo.
Estas reformas suponen un giro en la política del secretario, que hace justo un año defendía la detención de familias como uno de los pasos clave para frenar la oleada de menores no acompañados y familias procedentes de Centroamérica del verano pasado.
Los centros de detención para familias indocumentadas han sido blanco de críticas y protestas de activistas y legisladores por las condiciones en las que viven los indocumentados en estas instalaciones. También se han llevado a cabo en estos varias huelgas de hambre por parte de las madres detenidas durante largos períodos -algunas de ellas por más de ocho meses-  pidiendo su liberación y las de sus hijos.
Muchas de estas madres se han quejado de que no han podido salir debido a las fianzas inalcansables que les han fijado los jueces de inmigración, que van desde los $7,000 hasta los $20,000.
Grupos proinmigrantes, de derechos civiles e incluso legisladores de su propio partido, habían estado presionando al presidente Barack Obama y a su administración por el cierre de estas instalaciones.
La Unión Americana de Libertades Civiles también está demandando a la administración de  Obama para ponerle fin a la detención familiar. A principios de este año un juez federal en Washington falló a su favor y le ordenó a la administración que dejara de detener a la mayoría de las mujeres y los niños que eran sorprendidos cruzando la frontera ilegalmente, sin importar si habían o no solicitado asilo en  Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional comenzó este mes a evaluar los casos de las familias detenidas durante más de 90 días para determinar si sigue siendo apropiada su permanencia en el centro mientras su caso continúa por resolver. La prioridad en esta evaluación se ha dado a las familias que acumulan más tiempo en estos centros.
Johnson indicó haber tomado esta decisión tras visitar varias de estas instalaciones, la última el pasado lunes en Karnes City (Texas).
“Hablé con docenas de madres centroamericanas en esa instalación que vinieron a este país ilegalmente en busca de una mejor vida para ellas y para sus hijos”, señaló Johnson.
Tras esa visita, afirmó,  “he llegado a la conclusión de que debemos hacer cambios sustanciales en nuestras prácticas de detención con respecto a las familias con hijos”.
“En resumen, una vez que una familia es elegible para el asilo u otro alivio bajo nuestras leyes, la detención de largo plazo supone un uso ineficiente de nuestros recursos y debe cesar“, añadió.
“Nuestro mayor deseo es que las familias en Centroamérica escuchen nuestras continuas llamadas a encontrar una vía legal para la inmigración de los niños a Estados Unidos”, dijo el secretario.
En este sentido, recordó el programa para refugiados establecido el año pasado en Guatemala, El Salvador y Honduras para los hijos de los inmigrantes en situación regular en EEUU.
“Seguimos animando a las familias a que aprovechen ese programa. Yo, personalmente, he visto suficiente como para saber que el camino de la inmigración ilegal desde Centroamérica por nuestra frontera sur es un camino peligroso y no es para niños”, añadió.