Colombianos de Nueva York: Divididos, pero sueñan con la paz

Los días de Jairo Valencia (49) transcurren con tranquilidad en Washington D.C. donde da clases en universidades y es comentarista de medios como CNN. Pero desde 1990 hasta 2005 cuando llegó en calidad de refugiado a EE.UU. estuvo en el centro del conflicto en Colombia. Como líder del movimiento indígena veló por los derechos de más de cien poblados y principalmente lideró el programa de sustitución de cultivos ilícitos en miles de hectáreas. “¿Imagínate cuantos enemigos tengo yo en Colombia?”, dice a El Diario.

Su labor en constante amenaza se complicó con la llegada de Álvaro Uribe al poder en 2002. “Ya no se hablaba de sustitución, sino de fumigación y bala como parte del Plan Colombia. Yo denunciaba por igual a todos los que se beneficiaban de los cultivos de droga”. Cuenta que la guerrilla de las FARC lo intentó secuestrar dos veces. En febrero de 2004 mataron en Putumayo a su novia y al papá de ella y se encontraron panfletos de las FARC atribuyéndose el crimen, pero él mismo luego vio a los sospechosos entrando a una base militar. “Eran paramilitares que convivían con militares”. Fue a Bogotá por protección que no encontró, luego se exiló en Ecuador y de allí voló a EE.UU. el  19 de enero de 2005.

Desde noviembre de 2012 el gobierno colombiano adelanta conversaciones con las FARC en La Habana. Se han logrado avances importantes, entre ellos la llamada “justicia transicional”, o sea las penas para los guerrilleros que se desmovilicen. Pero apenas se han divulgado 10 de 75 puntos. Lo que unos ven con optimismo, otros ven con recelo, sobre todo la opinión pública encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe, actual senador y principal opositor a los diálogos, cuyo padre fue asesinado por las FARC en 1983.

El Diario habló con académicos, líderes comunitarios y emigrantes colombianos para entender su percepción sobre el proceso de paz. Las opiniones reflejan la misma división que hay en Colombia sobre el tema.

Segundo Pantoja, profesor de CUNY, considera que en esta comunidad de inmigrantes la opinión política se balancea entre la alienación y la ignorancia. “Cualquier opinión que tengan es un reflejo de los mensajes recibidos por los medios de comunicación, incluso desde antes de salir de Colombia”.

Juliana Uribe, economista especializada en Harvard y consultora de Purpuse, asesora en estrategias de participación ciudadana, ve que muchos colombianos de NY hablan del tema alejados de la polarización entre el presidente Santos y el ex presidente Uribe.

“Muchos ven los beneficios de superar el conflicto”. Aclara que solo se disminuiría parte de la violencia pues todavía no avanzan los diálogos con el grupo guerrillero ELN o con otros grupos vinculados al narcotráfico.

Uno de los últimos puntos pendientes de la negociación es un referendo. “Es positivo que los colombianos tengamos la oportunidad de votar si estamos o no de acuerdo con el paquete completo de la negociación”. Uribe cuenta que algunos miembros de su familia fueron víctimas de secuestros.

“Tengo amigos que han sido víctimas más directas de la violencia y están dispuestos a pasar la página con tal de que no sigan pasando las cosas que les pasaron a ellos”. Explica que la gente es consciente de que muchos de los guerrilleros han sido hijos de campesinos que fueron forzados formar parte de las FARC. “Gente que no tuvo otras oportunidades y pudieron terminar a la fuerza siendo paramilitares o en el Ejército.”

En cuanto a la posibilidad de participación política de las FARC, Uribe opina que no va a ser fácil saber que personas que han estado detrás de crímenes podrían hacerlo, pero recuerda que ya se hizo con Antonio Navarro Wolff (fue gobernador, alcalde y senador) y Gustavo Petro (alcalde saliente de Bogotá), ambos miembros del M-19 desmovilizado en 1990. “Nos ahorramos muchas muertes firmando la paz con el M-19”.

Con escepticismo ve las negociaciones Orlando Granados (53) trabajador de construcción que vino hace 35 años en busca de oportunidades y ve los noticieros todos los días en la televisión colombiana. “El gobierno no los quiere juzgar sino que los va a felicitar, les va a dar vivienda y los van a sacar del monte. ¿Y la gente que murió qué? Mataron a sus mismos compatriotas. Yo soy como Santo Tomás, ver para creer.

Divididos pero con la misma aspiración

Gabriel D. Chaves, del Movimiento por la Paz en Colombia, ve una mayoría pro-Uribe en los foros que asiste en Nueva York. “A los activistas por la paz nos queda una tarea difícil por hacer. El gobierno Santos podría ser más firme con el Uribismo. Ha titubeado y eso hace más vulnerable el proceso”.

En una orilla distinta opina Mauricio Duarte, politólogo y activista, quien aunque está de acuerdo con que las FARC tengan un partido político, opina que “no es justo con los partidos que han estado en la legalidad ver a quienes han hecho tanto daño acceder al Congreso sin el mínimo esfuerzo”.  Pero agrega: “ojalá en marzo se firme la paz con las FARC, nunca estuvimos tan cerca”.

Jairo Valencia revela que en sus años de profundizar el tema nunca ha escuchado a víctimas directas del conflicto que se opongan al proceso: secuestrados o gente que vio morir a sus seres queridos. “Yo puedo sentarme frente a los que me atacaron y acosaron a mi familia en Cali. Espero la verdad, luego la justicia y luego la reparación”. Insiste en que el gobierno deberá también reconocer la verdad sobre cómo permitió el crecimiento del paramilitarismo.

Cifras de la violencia en Colombia

Entre 1958 y 2012 el conflicto ha causado la muerte de 218,094 personas. 19% fueron combatientes de los diversos bandos, 81% fueron civiles.

Entre 1970 y 2010 ha habido 27,023 secuestros

Entre 1988 y 2012 ha habido 1,566 víctimas de atentados terroristas. 223 murieron y 1,342 quedaron lesionados.

Entre 1985 y 2012 hubo:

1,982 masacres que dejaron 11,751 víctimas.

25,007 víctimas de desaparición forzosa.

1,754 víctimas de violencia sexual.

5’712,506 víctimas de desplazamiento forzado.

Entre 1988 y 2012 hubo:

10,189 víctimas de minas antipersonales. 2,119 muertos y 8,070 lesionados.

5,556 víctimas de reclutamiento ilícito.

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica