Piden fondos para programa de ayuda legal a inmigrantes en NY

Sería gratuita para los indocumentados que afrontan un proceso de deportación

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Piden fondos para programa de ayuda legal a inmigrantes en NY
Gracias a la ayuda legal, el mexicano Oscar Hernández evitó la deportación.
Foto: Gerardo Romo / El Diario

Nueva York – Legisladores estatales y grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes pidieron ayer al gobernador Andrew Cuomo que apruebe fondos para implementar un programa que daría defensoría legal gratuita a los inmigrantes indocumentados que afrontan un proceso de deportación.

Los asambleístas Francisco Moya y Marcos Crespo, junto a representantes de varias organizaciones hicieron su pedido frente a la Corte federal de inmigración en el bajo Manhattan.

“El derecho de acceder a un abogado es uno de los derechos más importantes”, precisó Moya, asambleísta de Corona, Queens, quien estima que hacen falta $4.5 millones para implementar el programa en todo el estado.

Su colega Marco Crespo, por su parte, indicó que la iniciativa permitiría mantener unidas muchas familias y traería además beneficios “sociales y económicos”.

Ambos legisladores pusieron como ejemplo el programa Unidad Familiar Inmigrante de la Ciudad de Nueva York (NYIFUP, por su sigla en inglés), que con un financiamiento de $5 millones otorgado por el Concejo Municipal opera a pleno desde noviembre pasado. Según la abogada Ángela Fernández, directora de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes del Norte de Manhattan, NYIFUP ha beneficiado a unos 900 inmigrantes.

“Hay 1,300 inmigrantes en el estado que por no poder pagar a un abogado están en riesgo de ser deportadas”, dijo Fernández.

Los lunes, martes y miércoles, tres jueces revisan los nuevos casos en sus oficinas del piso 11 de la mencionada Corte, 201 de la calle Varick. Se estima que cada magistrado ve entre 7 a 15 casos por día; el resto de la semana lo dedican a los casos ya presentados.

Cada sala tiene unas pocas sillas, destinadas a la familia del procesado. Delante de las sillas hay un pequeño escritorio donde se sienta el acusado, vestido con el uniforme de recluso; a su izquierda, un intérprete; a su derecha, el abogado defensor. Enfrente, un representante del gobierno argumenta por la deportación.

En el centro de la pequeña sala, el juez escucha atentamente a las dos partes. El acusado no puede dirigirse directamente al juez.

Los abogados llegan temprano en la mañana para entrevistar a los detenidos y revisar sus casos antes de presentarlos en la corte durante las horas de la tarde.

Oscar Hernández (21) fue detenido en 2011. Gracias a la ayuda legal del grupo de Servicios de Defensores de Brooklyn pudo salvarse de ser deportado y ahora está en proceso de legalizar su situación migratoria.

“No es lo mismo cuando uno está representado por un abogado, porque al desconocer las leyes y no poder pagar a alguien se está desorientado en todo el proceso”, dijo el hombre, que vino a Estados Unidos hace siete años escapando de la violencia de su país

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