Excarcelados luchan por llegar a la universidad

En la mayoría de las aplicaciones académicas se pregunta si el solicitante fue condenado por un delito, lo que frena a muchos a seguir adelante con sus planes de estudiar

¿Alguna vez fue condenado por un delito menor o mayor? Esa pregunta se puede encontrar en la mayoría de las solicitudes de empleo y vivienda, lo que hace muy difícil para muchos individuos que salen de prisión el conseguir un trabajo o acceder a un hogar de asistencia pública.

Pero algo que hace incluso más complicado el que estas personas se reintegren a la sociedad, es que en las aplicaciones académicas también se hace la misma pregunta, frenando la posibilidad para que muchos excarcelados logren rehacer su vida obteniendo un título universitario.

Cuando Leyla Martínez empezó a llenar la solicitud para ingresar en la Universidad de Columbia, la pregunta apareció en la quinta página y eso hizo que no completara la aplicación. Ya había pasado casi una década desde que Martínez, de 42 años, salió de prisión donde cumplió dos años por un caso de fraude.

“Todavía estoy encarcelada, me dejaron ir pero todavía tengo que continuar pagando por algo que ya pagué”, dijo Martínez, al recordar cómo la pregunta la hizo sentir, “como si todavía estuviera detrás de las rejas”.

Y aunque no ingresó en la carrera universitaria que deseaba, Martínez fue aceptada en el verano del 2015 en el primer curso de ‘Justicia en la Educación’ de la Universidad de Columbia, una iniciativa que ofrece clases para ex prisioneros, en el campus de Morningside.

Al concluir el curso, la coordinadora del programa y el profesor le insistieron a Martínez que completara la aplicación para ingresar como una estudiante permanente.

“Pero no la contesté como ellos querían”, dijo Martínez. En vez de explicar su crimen, ella escribió en la aplicación que cuando era joven cometió errores y algunos la llevaron a la cárcel, pero su pasado no reflejaba la persona que es hoy. “Soy la persona que obtuvo un 3.9 (en la prueba GPA) después de 10 años sin estudiar, una madre soltera viviendo en pobreza, la persona cursando 6 clases, haciendo un internado y siendo una activista”, fue su respuesta en la solicitud.

Ahora la dominicana criada en El Bronx es estudiante de Derechos Humanos en Columbia, además de coordinadora de programas para el Centro de Justicia, que promueve alternativas educativas para los encarcelados.

Eliminen la “caja”

Y para evitar que muchos individuos que salieron de prisión pasen por la misma experiencia que ella y vean truncados sus deseos de superación mediante los estudios, Martínez se ha convertido en una activista y entre las acciones que está impulsando destaca un evento que se realizará este miércoles, de 5 p.m. a 8 p.m., en el Roone Arledge Auditorium, en el Lerner Hall, para discutir la eliminación de la “caja” con la pregunta sobre el historial criminal, de la planilla para aplicar por un cupo en la Universidad de Columbia.

Además de este foro, Martínez realiza otras actividades para impulsar la eliminación de la caja, como el reunirse rutinariamente con un decano de admisión en Columbia y con organizaciones estudiantiles en su futura alma mater. Además, coordina programas como Beyond the Bars Fellowship y el Beyond the Bar Conference, para concientizar a la comunidad sobre la encarcelación masiva y cómo el sistema de justicia criminal afecta a las comunidades de color.

El movimiento para eliminar la caja con esa pregunta se ha estado desarrollando por muchos años en el estado de Nueva York, pero apenas fue este año cuando se lograron dar grandes pasos.

La Coalición de Educación de Adentro a Afuera (EIO) y el Centro de Alternativas Comunitarias (CCA) han liderado el movimiento, el cual han sustentado en sus investigaciones publicadas en el 2010 y en el 2015.

“No hay evidencia de que tener una pregunta del historial criminal en una solicitud hace el campus más seguro”, dijo Alan Rosenthal, asesor de proyectos especiales para CCA. “Esta no hace nada más que prevenir solicitantes calificados con una necesidad desesperante de una segunda oportunidad”.

Las investigaciones de EIO y CCA mostraron que en la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY), el 62.5% de los estudiantes que debían divulgan que son ex convictos no terminaron la solicitud, comparado con un 21% de individuos sin historial criminal.

“Teníamos a muchos estudiantes que decían que no querían solicitar para nada”, dijo María Santangelo, directora de programas para la organización College and Community Fellowship (CCF), una organización que ayuda a ex prisioneros a adquirir educación superior. Ella describió que los individuos sentían un efecto paralizante cuando se enfrentaban a la pregunta.

Cuando Santangelo empezó con CCF como una consejera académica, vio como algunas universidades de SUNY requerían documentos como recomendaciones de los oficiales de libertad condicional, descripciones detalladas del crimen, y hasta copias de los antecedentes penales. “Estos son cosas que no deberían importar en el proceso de solicitud académica”, dijo.

Esos mismos análisis del EIO y CCA fueron fundamentales para la creación de la guía federal titulada ‘Beyond The Box’ (más allá de la caja) que se publicó en mayo pasado y que le pide a las universidades que reconsideren usar el historial criminal de una persona como parte del proceso de admisión.

La historia de la dominicana Martínez fue usada como ejemplo del estrés y ansiedad que genera la pregunta en el momento de llenar una solicitud.

En septiembre, el Consejo de Administración de SUNY votó para que en el 2018 se elimine la ‘caja’ en sus 64 instituciones a través de Nueva York. Pero aún muchas universidades, particularmente privadas, no han tomado en cuenta el tema de eliminar la pregunta.

“La educación se ve como un privilegio y no una necesidad. Nosotros sabemos que es una necesidad”, insistió Santangelo.

Educación es clave

Para los ex presidiarios la educación es sumamente importante para evitar la reincidencia. A nivel nacional entre un 70% a un  85% de las personas que salen de prisión, regresan a la cárcel. Según un reporte que hizo la Asociación de Abogados de Nueva York, dos tercios de los individuos que salen de las prisiones neoyorquinas son re-arrestados en menos de 3 años. El 40% vuelven a prisión, usualmente por crímenes relacionados con dinero y asuntos económicos.

Según los expertos, la reincidencia es alta porque a los ex prisioneros no se les dan las herramientas necesarias para trabajar, estudiar, e impactar positivamente a la sociedad.

Ese es el caso de Shawn Williams, de 37 años y quien se crió en el sur de Jamaica, en Queens, y quien desde los 12 a los 32 años estuvo entrando y saliendo de prisiones.

Antes de participar en su primer curso de educación superior, el único verano que disfrutó sin estar en la cárcel fue el de 1997. Luego que finalmente tomara un curso auspiciado por Cornell mientras estaba encarcelado en 2011, más nunca ha vuelto a estar tras las rejas.

“Mi forma de pensar era criminal, eso era todo lo que sabía”, explicó Williams, quien también participó en el curso en Columbia con Martínez cuando salió de la cárcel la última vez. “Yo perdí mi humanidad en un punto de mi vida y ser parte de los programas de Columbia y Cornell me hicieron sentir humano de nuevo”.

El Programa de Educación en Prisión de Cornell provee un currículo de humanidades para hombres encarcelados en  las prisiones de Auburn y Cayuga en el norte del estado. Los cursos se pueden acreditar para un grado asociado en Arte en el Cayuga Community College.

Los números hablan por sí solos. La organización Prison Education estima que los ex prisioneros que no logran un diploma de escuela superior tienen tasas de reincidencia de alrededor de 55%. Los que hacen entrenamiento vocacional tienen tasas de aproximadamente 30%. Un grado asociado baja el nivel de reincidencia a 13.7%, mientras que un bachillerato lo disminuye a 5.6%. Más allá, las personas que reciben un máster tienen tasas de reincidencia de 0%.

El Estado de Nueva York gasta alrededor de $60,000 anuales por cada persona encarcelada. Bajar los números de reincidencia haría que una menor porción de los impuestos que pagan los neoyorquinos se dedique  al sistema de justicia criminal.

Recibir y luego dar

Quizás lo más inspirador es que muchos de estos excarcelados que se reintegran a la sociedad quieren mejorar las comunidades de donde vinieron, para evitar que los jóvenes cometan sus mismos errores.

Tomás Correa, de 34 años, participó en el programa de John Jay llamado ‘Prison to College Pipeline’que ofrece educación a prisioneros y luego los ayuda a seguir estudiando cuando salen de la cárcel. Ahora el estudiante de Hostos Community College quiere enseñarle su historia a la comunidad puertorriqueña del Lower East Side donde se crió.

“El sistema nos demoniza y nos trata como animales. Obtener una educación y volver al vecindario, hace que los jóvenes vean que sí hay oportunidades, y no tienen que dejar que otras personas definan su vida”, expresó.

Panel en Columbia

Si deseas apoyar y aprender más sobre eliminar la caja y la importancia de la educación para los excarcelados regístrese al panel de la Universidad de Columbia este miércoles, 19 de octubre.  Las puertas abren a las 5 p.m. y el evento comienza a las 5:30 p.m., en el Roone Arledge Auditorium, en el Lerner Hall. Enlace para registrarse: http://bit.ly/2d9ytf1

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