México: Cinco acciones que reducirían el número de gobernadores corruptos

Expertos sugieren medidas y controles que podrían frenar la corrupción y el mal uso del dinero público en México

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México: Cinco acciones que reducirían el número de gobernadores corruptos

MÉXICO.- No hay un solo gobernador en los 32 estados del país que escape de denuncias por irregularidades en el usos del dinero público. “No es que todos se lo roben, pero en la mayoría de los casos se desconoce el destino”, dijo un sarcástico Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ante un grupo de reporteros.

Los mandatarios estatales en México manejan millonarios recursos que les otorga la federación además de la posibilidad de adquirir deuda pública. Analistas y expertos en políticas de transparencia sugieren algunas medidas urgentes para frenar la corrupción.

1. Evitar que los gobernadores nombren a sus fiscales y auditores

Hasta finales de este año, la ASF no puede interferir para auditar los dineros en los estados. A partir de 2017 sí podrá revisar las cuentas, pero el auditor local seguirá nombrado por el propio gobernador, una situación que vuelve a los funcionarios juez y parte como ocurre con los procuradores de justicia.

“Se vuelven empleados de los funcionarios y nadie quiere investigar a su jefe”, observó Javier Romero, politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Por citar un ejemplo, al hoy prófugo ex gobernador de Veracruz, César Duarte, la ASF le interpuso 54 denuncias que no se investigaron durante seis años.

2. Reducir al mínimo la deuda pública

Desde que se dio autonomía a los estados para adquirir créditos por su cuenta, los mandatarios estatales no han hecho otra cosa que pedir prestado a los bancos.

Entre 2010 y 2015 cuatro entidades –Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León- contrataron casi la mitad de la deuda del país. “La Constitución ya preveía que los estados no pudieran contratar deuda pública más que para “inversiones públicas productivas”, pero su crecimiento sin freno llevó a que en marzo de este año se aprobara la Ley de Disciplina Financiera”, observó la analista María Amparo Casar, del Instituto Mexicano para la Competitividad .

“Aun así los gobernadores, siempre voraces, encontraron formas de clasificar los ingresos como no a través de mecanismos de dudosa legalidad. Fue el caso de Puebla, que cambió la ley para permitir al gobierno celebrar fideicomisos como el que utilizó para hipotecar el impuesto de 3% sobre la nómina”.

3. Monitoreo a los funcionarios para evitar empresas fantasmas

Francisco Cruz, administrador central del Sistema de Administración Tributaria (SAT), dijo en un taller sobre cómo operan las empresas fantasmas que cada mes 400 compañías con estas características son detectadas porque emiten comprobantes fiscales sin contar con personal, infraestructura o activos que lo justifiquen. Sin embargo, no fue hasta la semana pasada, tras el escándalo de la creación de empresas de Javier Duarte que le ayudaron a desviar 3,000 millones de dólares, cuando el SAT se publicó en el Diario Oficial de la Federación que había sólo 69 firmas con estas características, ¿dónde quedó el resto?

4. Disminuir el uso de efectivo

El 96% de las transacciones en México se hacen en efectivo con altos costos para la sociedad y la economía: mayor informalidad, anonimato de las actividades ilegales, más corrupción y menor crecimiento económico, según el estudio “Reducción de uso de efectivo e inclusión financiera” del IMCO.

A pesar de los costos, el país está atrasado en la generación de políticas públicas que busquen reducir el uso de efectivo que ha beneficiado la fuga de dinero por parte de la administración. “Para reducir el uso de efectivo se necesita generar políticas de inclusión financiera, definir estrategias fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónicos y promover el uso de dinero móvil y monederos electrónicos”.

5. Participación ciudadana

De acuerdo con el analista Nicolás Loza, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la creación e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, que homologará sistemas de rendición de cuentas y responsabilidad en el país (la federación y los estados), y podría ser una posibilidad de contener la corrupción y el poder de los gobernadores en el mediano plazo (dos o tres años, para que funcione plenamente) podría terminar desvirtuándose sin la participación ciudadana. “Que la sociedad civil se tome en serio al vigilancia de los gobernadores es algo que puede ocurrir hoy mismo y mientras más extendida sea la práctica, mucho mejor”.

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