Piden paciencia en casos de deportaciones

WASHINGTON, D.C.- Con un brazalete electrónico por 10 días. Así estuvo una de las figuras más prominentes del movimiento migratorio juvenil, Matias Ramos, quien caminó desde Florida a Washington DC, el año pasado, en protesta por las deportaciones.

Ramos está frustrado, al igual que muchos. Sus expectativas respecto a cambios inmediatos eran altas, luego que el gobierno anunciara nuevas directrices y la revisión de los casos pendientes.

“Recibí mi orden de deportación hace un año y medio. Los cambios anunciados no han implicado ninguna diferencia real. Tuve que usar el brazalete y reportarme a ICE constantemente. No deberían estar tratando a la gente de esta forma”, dijo Ramos, quien recién esta semana recibió la notificación de que su orden de deportación fue suspendida por al menos un año.

Este joven no está sólo en sus reclamos. Esta semana, cuatro mujeres se pararon a protestar en la oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Con órdenes de deportación el 30 de septiembre y sin antecedentes criminales, reclamaron que se aplicara alivio discrecional en sus casos, como el gobierno ha dicho que lo hará.

Francisco López, director ejecutivo de Causa Oregon, contó una historia similar, respecto a lo que ha visto en terreno en el estado. “Hasta el momento sólo estamos logrando que descarten los casos de las personas que ponemos en los medios. Si esta es una política real, se debe aplicar a todos”, aseguró.

López incluso compartió con La Opinión un correo electrónico enviado por una oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Oregon, donde especificó que “no se ha dado ninguna información nueva, ni entrenamiento, respecto a la revisión de los 300 mil casos de deportaciones pendientes”.

El gobierno anunció esta medida a principios de agosto. Ahí se comprometió a la formación de un grupo de trabajo interagencias entre los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Interna (DHS), para ejecutar una revisión caso a caso de todos los individuos que ahora se encuentran en proceso de deportación (300 mil) y de los que ingresen al sistema en el futuro.

Este grupo emitiría guías de cómo proveer consideración discrecional apropiada a los casos más imperiosos con órdenes finales de deportación, entre otras medidas.