Preocupa privatización de centros

Miami/EFE – Activistas expresaron ayer su preocupación por la privatización de algunos centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos al considerar que existe el riesgo de que bajen los estándares en el trato y cuidado de los detenidos.

El presidente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del condado de Miami-Dade, John De León, dijo a Efe que el peligro radica en que cuando esos centros son dirigidos por el sector privado la detención podría estar motivada por razones “financieras”.

“Hay un peligro enorme cuando se privatizan las cárceles y los centros de detención, porque la razón para quitarle los derechos a las personas y tenerlos detenidos no está basada en cuestiones de justicia, sino financieras y de lucro. Es un peligro muy grande en una democracia”, dijo el abogado.

Un estudio de la coalición de organizaciones civiles The Detention Watch Network (DWN), divulgado en mayo pasado, indicó que las empresas privadas manejan aproximadamente el 49 por ciento de los centros de detención para indocumentados en el país.

ACLU ha detectado, según De Léon, un aumento de los detenidos a raíz de la privatización de los centros, en particular los de inmigración.

“Hay una necesidad de llenar esos centros y para mantenerlos financieramente, el número de detenidos ha subido drásticamente”, indicó sin concretar cifras.

“En general es un peligro muy grande cuando el Gobierno pone la libertad de sus ciudadanos en manos de entidades privadas”, aseguró.

Kathy Bird, integrante de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés), dijo que operar centros de inmigración o cárceles conlleva gastos de alimentación y atención médica, además del entrenamiento del personal.

“¿Cómo esas empresas se pueden lucrar?. La única manera es bajando sus estándares en esos aspectos. Cuanto más lo bajan, más ganancias”, aseveró.

La activista sostuvo que se han registrado casos de personas con cáncer que no han recibido tratamiento médico por más de un año en “muchos de los centros de detención que dirigen compañías como CCA y GEO Group”.