Exigen anulación de la HB56 en Alabama

Surge incipiente movimiento de derechos civiles contra la discriminación de esa ley

BIRMINGHAM, Alabama (EFE).— Activistas proinmigrantes de todo Estados Unidos convergieron ayer en Birmingham (Alabama) para exigir la revocación de la polémica ley HB56, como parte de un incipiente movimiento de derechos civiles en contra de la discriminación de los indocumentados, en su mayoría hispanos.

Organizaciones cívicas y religiosas, que junto al Departamento de Justicia entablaron demandas contra la ley que criminaliza a los “sin papeles” en Alabama, impulsan protestas en diversas ciudades porque insisten en que la HB56 viola la Constitución.

En Birmingham, una delegación de 11 congresistas demócratas, encabezada por el representante de Illinois, Luis Gutiérrez, celebrará ayer una audiencia con funcionarios estatales, autoridades escolares, padres, maestros, estudiantes y activistas, para examinar el impacto de la ley, que entró en vigor el pasado 28 de septiembre.

La delegación se centrará en la cláusula que permite que la policía exija prueba del estatus legal a toda persona que detenga.

Un tribunal federal ha venido a bloquear dos de las cláusulas más polémicas de la ley, mientras estudia a fondo su constitucionalidad.

Los legisladores y activistas también lanzarán la campaña “Una familia, una Alabama” durante un mitin convocado por la Coalición por la Justicia con los Inmigrantes de Alabama (ACIJ).

El mitin, al que “miles” de personas han sido invitadas según ACIJ, se realizará en la Iglesia Bautista de la Calle 16 y contará con figuras como el alcalde de Birmingham, William Bell; Dolores Huerta, cofundadora del Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW), y Angie Wright, coordinadora del grupo Greater Birmingham Ministries (GBM), que aboga por la justicia social.

Scott Douglas, director ejecutivo de GBM, considera que la HB56 ayudará a reactivar el movimiento por los derechos civiles, surgido hace medio siglo en respuesta a la segregación de los negros.

Douglas, que apoya realizar actos de desobediencia civil si fuese necesario, recordó cómo, en aquella época, la iglesia afroamericana se involucró de lleno en el movimiento de los derechos civiles.

Ahora, agregó, no hay distinción de raza ni color en un incipiente movimiento en contra de la HB56, que castiga a quienes contraten, alquilen viviendas o ayuden a los indocumentados.

El Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la organización hispana más antigua de EEUU, ha convocado una vigilia con líderes cívicos y religiosos en Washington, frente a la Casa Blanca.

Según el NLCR, otras ciudades se solidarizarán con la comunidad inmigrante de Alabama, donde viven unos 200 mil hispanos.

“Como seguidor de Jesucristo, miembro fiel de la Iglesia Católica y pastor de una congregación hispana en Washington, me sumo a la campaña contra la HB56 en Alabama y apoyo los esfuerzos de los congresistas para que se revoque esta ley”, dijo el padre Moisés Villalta, de la Iglesia Sagrado Corazón.

Villalta apuntó que la Iglesia Católica apoya una reforma migratoria que saque de la sombra a los indocumentados y que, según las enseñanzas bíblicas, es obligación de todo cristiano ayudar al prójimo.

Un mes y medio después de entrar en vigor, la Ley HB56 también ha suscitado la repulsa de empresarios que están perdiendo empleados y clientes en los momentos en que muchos de los gobiernos estatales afrontan crisis presupuestarias.

Se calcula que los indocumentados conforman alrededor del 3 % de la población de Alabama, de poco más de 4.7 millones.

Aunque los partidarios de la HB56 aseguran que es la única forma de echar a los indocumentados de Estados Unidos, la ley también ha afectado a residentes legales, que deben mostrar sus papeles cuando son confundidos con inmigrantes ilegales.

La magistrada del condado Calhoun, Barbara Campbell, ha advertido de que la HB56 se está aplicando “por igual” y que quien no porte una licencia de conducir válida, con seguridad “irá a la cárcel”.

Pero Wright subraya que Alabama no tiene un problema de inmigración ilegal como los estados fronterizos y que se trata de una “maniobra política completamente fabricada”.