Sube presión por personas que no han sido deportadas

WASHINGTON, D.C.

Una virtual guerra se ha declarado entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y legisladores republicanos, que exigen datos específicos de las personas que no han sido deportadas.

Es una olla de presión marcada por la retórica y política. Así se puede describir el debate migratorio en Washington D.C., a nivel histórico y sobre todo ahora, cuando el 9% de desempleo en el país refuerza llamados por proteger trabajos de ciudadanos estadounidenses.

En el ojo del huracán está la política de deportaciones ejecutada por la Administración de Barack Obama. Con un promedio cercano a los 400,000 deportados en los últimos tres años, el tema ha causado dolores de cabeza al Gobierno federal.

Sin embargo, para el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Lamar Smith (R-TX), el problema no está en quienes salen del país, sino en los que el Gobierno federal ha decidido no deportar.

Alegando negligencia por parte de la Administración de “dejar criminales extranjeros libres por la calles”, Smith lideró un voto en el comité, a principios de noviembre, para emitir una orden de cumplimiento forzoso (subpoena) contra DHS.

Aquí exigió nombres, números de identificación de todos aquellos fichados por el Gobierno entre 1 de noviembre de 2008 y 31 de octubre de 2011, ya sea a través del programa Comunidades Seguras, como de otros métodos.

DHS ya entregó datos, pero no los que se esperaban. En una carta difundida por Smith, el congresista realizó graves acusaciones contra el Gobierno. Ahí especificó que la agencia dio 220,955 coincidencias de huellas digitales de extranjeros que no habían sido tomados en custodia o puestos en proceso de deportación. La lista estaba compuesta de: una identificación única -numerada del 1 al 220,955-; día y hora del encuentro ICE, junto a nacionalidad.

“Esto es inservible para el propósito de obtener el historial criminal del FBI de los individuos extranjeros, como para el análisis y verificación independiente del comité, para entender la naturaleza del problema de los extranjeros criminales”, dice la misiva.

El documento también describe una llamada telefónica donde oficiales de DHS especificaron que más información podría ser provista al comité, sin embargo no se comprometieron a dar los datos exigidos en la subpoena.

“Llego a dos conclusiones: o DHS nunca quiso cumplir con los requerimientos del comité o la Casa Blanca vetó la entrega de la información por razones políticas, para prevenir que los estadounidenses sepan del daño a la seguridad pública causado por la actual política de ICE que permite la liberación de criminales extranjeros a las calles”, declara Smith.

Por su parte, el vocero de DHS, Matthew Chandler aseguró que “dijimos previamente al comité que daríamos la información requerida, sin ser obligados por la subpoena. Hemos comenzado a proveer los datos, en cuanto más estén disponibles, continuaremos haciéndolo”, dijo.

Smith advirtió que si no se entregan los datos, el comité buscará el cumplimiento forzoso de subpoena en su completa extensión.