Inseguridad de Comunidades Seguras

Gobierno defiende el programa, otros lo califican de 'terrible'
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WASHINGTON, D.C.- El ciudadano estadounidense Antonio Montejano (40), permaneció detenido cinco días por inmigración, gracias al programa Comunidades Seguras. Pero la falta de libertad, no fue lo que más lo afectó de esta experiencia, sino la pregunta con que su hijo lo recibió al llegar: “¿Papá, esto me puede pasar a mí porque me veo como tú?”.

Montejano está disgustado. En su voz se escucha tristeza, vergüenza y rabia. En una conversación con La Opinión, este hombre explicó su detención y diálogos con autoridades de inmigración, mientras estuvo recluido en la cárcel del condado de Los Ángeles a partir del 5 de noviembre.

Un perfume sin pagar por equivocación, motivó su arresto, a pesar de que se ofreció a corregir el error de inmediato. Al llegar a la cárcel, tomaron sus huellas digitales e inmigración ordenó su retención.

“Yo les dije que era ciudadano y nadie me quiso creer, pienso que por mi color de piel. Los oficiales parece que no están bien educados respecto a cómo hacer esto”, cuenta.

“El ambiente que se vive adentro, es que nadie tiene derechos ahí. Uno se siente aislado del mundo. No puedes hablar, ni decir nada, porque o sino lo golpean. Me quedé con la sensación de que uno es estadounidense, pero no tiene derechos. Lo que están haciendo no está bien”, asegura.

Comunidades Seguras es un programa federal donde se ingresan las huellas dactilares de personas detenidas en jurisdicciones suscritas a él y se contrastan con las bases de datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Interna (DHS).

Si luego de este procedimiento se determina que el individuo no posee estatus migratorio legal, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejecuta medidas de control, entre ellas iniciar procesos de deportación.

Hasta el momento el programa está activo en el 56% de las jurisdicciones de Estados Unidos; es decir, 1,766. El gobierno espera que para 2013 esté operativo en todo el país, por ahora se utiliza en 44 estados.

Según datos de ICE, Comunidades Seguras es responsable de la identificación de más de 58 mil de los 216 mil criminales deportados en 2011. En este mismo período, se removieron 397 mil personas del país, la cifra más alta desde el inicio del gobierno de Barack Obama.

Durante la primera audiencia celebrada ayer sobre el programa, en el subcomité de inmigración de la Cámara de Representantes, el gobierno defendió su gestión, luego de una gran cantidad de críticas de organizaciones de derechos civiles.

“Este programa no autoriza a los oficiales locales a actuar como agentes de inmigración y no promueve el perfil racial. Lo único que se hace, es chequear las huellas digitales. Reconocemos un número amplio de áreas para mejorar todavía”, dijo Gary Mead, director asociado de control y deportaciones de ICE.

“La nueva política de discreción procesal de la Administración no reparará el daño producido por Comunidades Seguras. Cada vez que alguien es detenido y puesto en el sistema, los inmigrantes aprenden que no deben confiar en las fuerzas del orden”, comentó Arturo Venegas, el exjefe de la policía de Sacramento, California.

Un estudio de la Universidad de California registró que un 93% de las personas identificadas con Comunidades Seguras son hispanos. Una cifra que diversos legisladores calificaron como inaudita.