Llega a su fin la revisión de deportaciones

WASHINGTON, D.C.- El gobierno finalizó ayer los programas piloto para revisar deportaciones en Baltimore y Denver. La evaluación se extendió durante seis semanas, y la meta era revisar más de 12 mil casos. A pesar de que la nueva política se anunció hace cuatro meses, el proceso aún no parece del todo claro.

En agenda figuran 300 mil casos de deportaciones pendientes, que el gobierno prometió revisar uno a uno. Un grupo interagencias formado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia, está encargado del nuevo sistema, iniciado con 7,800 casos en Denver y 5 mil en Baltimore.

Fuentes vinculadas con el proceso, aseguraron a La Opinión que en “la mayor parte se ha dado un cierre administrativo de las deportaciones”. Esto no le da ningún tipo de estatus migratorio a la persona, solo impide su remoción inmediata del país por un tiempo considerable.

Además, en algunas situaciones excepcionales se ha otorgado acción diferida. Un recurso que permite eludir la deportación y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

La vocera de DHS, Bárbara González, indicó a La Opinión que “todavía no existen cifras respecto al número total de casos inspeccionados hasta ahora. Pero que se haya mencionado un día específico, no implica que si no se ha llegado a esa meta las revisiones se descontinúen”.

“Esperamos que para mediados del verano se haya completado el escrutinio de los 300 mil casos; pero de nuevo, dar una estimación de tiempo como esta no implica que si no se ha cumplido, el proceso termine”, agregó.

Aunque organizaciones de derechos civiles están esperanzadas con los resultados de la revisión, existe una preocupación general respecto a varios puntos. El primero es la posibilidad de acceder a un empleo.

“Aún no existe claridad sobre qué pasará con los permisos de trabajo. En agosto, funcionarios de la Casa Blanca nos dieron la impresión de que la gente que obtuviera un cierre administrativo podría aplicar. Eso parece haber cambiado ahora”, especificó Gregory Chen, director del área de defensa de la Asociación Americana de Abogados.

Al momento de dar a conocer la noticia, el gobierno indicó que algunas personas podrían acceder a esta garantía, una vez que se examinara su caso; sin embargo, no se entregaron mayores detalles a la prensa respecto al mecanismo.

A nivel interno, grupos pro inmigrantes deseaban una vía concreta para postular, en el marco del nuevo proceso. Consultado por La Opinión, un oficial de DHS aseguró que “si el caso es cerrado administrativamente, la persona podrá solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD)” con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

Actualmente, individuos que cumplen ciertas condiciones pueden acceder a este permiso temporal. Por ejemplo, estudiantes con visa F1, esposos de trabajadores con visa J1, aquellos que han recibido acción diferida, refugiados, entre otros.

El problema es que solo una pequeña proporción de las personas con sus casos cerrados cumpliría con la documentación requerida para postular a un EAD.

Otro punto poco claro es qué pasará a partir de ahora que finalizaron los programas piloto. En noviembre pasado, cuando se anunció su ejecución, un alto oficial de DHS detalló a este periódico que se evaluará “cuánto tiempo está tomando la revisión, si hay prácticas que se necesita afinar. La idea es lograr una visión de lo que está ocurriendo, para luego lanzarlo a nivel nacional”.

Por ahora, para evitar una sobrecarga, DHS ya ha entregado guías a todos los abogados respecto a nuevos casos que ingresen al sistema y la necesidad de que sean inspeccionados, con base en el criterio de prioridades del gobierno, antes de que se pueda comenzar un proceso de detención y deportación.