En manos del Supremo de N.J suerte de deportado a México

Nueva York.- La Corte Suprema de Nueva Jersey deberá decidir si un mexicano puede testificar desde su país a través de vía telefónica o por videoconferencia ante un juez de ese estado que evalúa su pedido para que se anule la sentencia que le llevó a ser deportado en 2008.

Juan Pablo Santos fue deportado a México luego de que se declarara culpable de un delito de asalto sexual y de poner en peligro el bienestar de una menor, por una relación que sostenía desde 2005 con una chica que en ese momento tenía 15 años, con la que tiene ahora dos hijas.

No obstante, Santos, que era residente legal de EE.UU., no fue advertido por su abogado de las consecuencias de declararse culpable- ser deportado, perder la residencia y ver incluido su nombre en la lista de depredadores sexuales creada a partir de la Ley Megan.

“La decisión de la Corte Suprema sentaría un precedente en Nueva Jersey”, dijo a Efe su actual abogada, Ubel Vélez, quien logró que un tribunal accediera a evaluar la petición del mexicano para que se anulen los cargos en su contra, una petición que fue recurrida por la Fiscalía.

“Santos no puede testificar en persona porque no tiene permitido entrar en EE.UU., así que tenemos que buscar una alternativa porque es el más afectado con esta demanda”, afirmó la abogada.

El joven mexicano pidió a la corte que anule su sentencia en base a una decisión del Tribunal Supremo de EE.UU., conocida como “Padilla vs Kentucky”, que confirma que los extranjeros tienen derecho constitucional a que sus abogados les informen sobre la amenaza de una posible deportación si se declaran culpables.

“Tiene derecho a que se reabra y se evalúe la validez del caso y por eso pedimos que se reexamine la sentencia y su declaración de culpabilidad”, dijo Vélez, que esta semana asistió a una audiencia oral en el Tribunal Supremo de Nueva Jersey, a la que también acudió la fiscalía del condado de Ocean donde la corte escuchó los argumentos a favor y en contra en este caso.

“Nosotros alegamos que la sentencia es ilegal, inválida e inconstitucional porque el abogado que tenía Santos nunca le explicó cuáles eran las consecuencias si se declaraba culpable e incluso durante todo el proceso lo trataron como si fuera ilegal y él era residente legal”, señaló Vélez.

La abogada recordó que el juez James Den Uyl, del condado de Ocean, ya había ordenado en 2010 que su cliente testificara por teléfono, pero la fiscalía apeló la decisión ante el Supremo que esta semana celebró una audiencia oral para escuchar los argumentos de ambas partes.

Vélez quiere que el joven mexicano testifique por teléfono desde su lugar de residencia, un pequeño pueblo del estado de Michoacán (centro de México), donde asegura que sólo hay un café con acceso a internet, pero la fiscalía considera que no tiene derecho a reabrir el caso y se opone a que declare porque ya existe una condena en su contra.

“Nuestra posición ha sido desde el principio que la querella en su contra nunca debió haber sido presentada porque aquí no hay víctima. Son dos chicos enamorados, que forman una pareja con dos hijos”, argumentó la abogada.

El caso se remonta a 2005 cuando la escuela a la que asistía la chica en Nueva Jersey presentó una denuncia ante la policía cuando empezó a dejar de ir a clases.

En una visita a la residencia de Santos, entonces de 22 años, la policía le encontró en la cama con la joven, pero pasaron otros dos años y medio hasta que fiscalía presentó cargos en su contra.

La abogada de Santos recuerda que los padres de la chica sabían de la relación y nunca se quejaron de ello ante las autoridades, ni tampoco la chica, que incluso se trasladó a México con el joven tras su deportación.

“Si se hubiesen casado, no se hubieran presentado los cargos. Aquí no hay víctima porque ellos eran pareja e incluso, cuando le deportaron ella se fue con él a México con las dos niñas, pero tuvo que regresar a EE.UU. por la violencia”, indicó Vélez.