Liberarán a acusados de matanza en México

México/EFE – La Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN) ordenó ayer “la inmediata libertad” de 7 indígenas encarcelados desde hace más de 13 años, acusados de haber participado en una matanza en 1997 en la que tanto los condenados como las 45 víctimas eran indígenas.

El fallo, emitido tras la liberación en 2009 de otras 29 personas que estaban encarceladas y de la solicitud de repetición del juicio a 25 más, lo dictó la Primera Sala de la SCJN sobre la base de que las pruebas mediante las cuales fueron condenados los reos “se encontraron viciadas”.

“Los sentenciados argumentaron que la resolución definitiva dictada en su contra se sustentó en declaraciones de diversos testigos y en un álbum fotográfico, pruebas que la Sala en diversos amparos determinó ilícitas”, informó la SCJN.

Por ello “la Sala indicó que se vulneraron sus derechos constitucionales al debido proceso, razón suficiente para declarar su inmediata libertad”, indicó un comunicado difundido por el máximo órgano jurisdiccional del país.

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas tzotziles que oraban en la comunidad de Acteal, en el estado suroriental de Chiapas, fue atacado por presuntos paramilitares, también indígenas, que acabaron con la vida de 45 miembros de la agrupación civil “Las Abejas”. Las víctimas fueron 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos.

La matanza ocurrió en un contexto de alta tensión tras el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994.

La tragedia forzó la renuncia en el seno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del entonces secretario de Gobernación (Interior), Emilio Chuayffet, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el autor intelectual de la masacre.

Decenas de sospechosos fueron arrestados días después de la tragedia y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un juez federal, en un proceso considerado endeble en su investigación e instrucción penal.

Los supuestos agresores eran simpatizantes del PRI y estaban enfrentados con sus víctimas, desplazados en un estado dividido desde 1994 entre simpatizantes y detractores del EZLN.

En septiembre pasado, representantes legales de familiares de 10 de los 45 asesinados demandaron al expresidente Ernesto Zedillo por supuestamente conspirar con el exprocurador general Jorge Madrazo para encubrir su presunta responsabilidad en la masacre.

De inmediato Zedillo consideró que las acusaciones contenidas en la demanda eran “no sólo falsas, (sino) también calumniosas”.