LAPD no responde por el error que cometió

Aún con la sensación picante al respirar, por los gases lacrimógenos que impregnaron paredes, muebles y camas; la familia Valenzuela regresó ayer a su casa al vencer los seis días que la Cruz Roja les ofreció de alojamiento en un hotel luego de que agentes del SWAT irrumpieran erróneamente en su vivienda.

El incidente ocurrió el 18 de marzo, cuando esa unidad especial del LAPD rodeó la casa marcada con el número 2537 de la calle Malabar, en Boyle Heights, donde supuestamente se escondía un delincuente.

Era de madrugada cuando la familia fue sorprendida por los altavoces del LAPD pidiéndoles que salieran.

Una vez vaciada la casa por los siete miembros de la familia Valenzuela, los agentes lanzaron bombas de gases lacrimógenos por las ocho ventanas y entraron rompiendo puertas y tumbando todo a su paso.

Al retirarse, uno de los agentes del SWAT sólo le dijo al señor Alfredo Valenzuela que había sido un error.

A 17 días del fallido operativo policiaco, el LAPD no les ha ofrecido asistencia ni apoyo económico por los daños ocasionados, ni siquiera una disculpa, señalaron los afectados.

Al cierre de esta edición La Opinión tampoco había recibido respuesta ni del LAPD ni del programa de asistencia a víctimas de la Procuraduría de la Ciudad.

Al siguiente día de la malograda intervención del SWAT, la familia tuvo que acampar en el patio trasero, y así continuó haciéndolo durante 10 días, porque el irritante olor les impedía estar dentro de la casa.

Los últimos seis días fueron hospedados en el hotel Super 8 de Alhambra por cortesía de la Cruz Roja.

“Todavía está enchilando”, dijo el señor Valenzuela en referencia al olor cuando ayer unos trabajadores colocaban los vidrios de las ventanas.

En un recorrido por el interior de la vivienda se observa un tiradero de ropa y objetos, como si fuera una casa abandonada o en ruinas, mientras que en una de las habitaciones se percibe todavía un olor irritante.

“También si tocas algunas cosas arde si te tocas la cara”, comentó un joven que hacía un poco la limpieza.

El señor Valenzuela, quien tienen dos años y medio rentando esa casa, estimó las pérdidas en unos 12,000 dólares para la familia, mientras que el rentero consideró que las reparaciones costarían entre 3,000 y 4,000 dólares.

Personal de la Oficina de José Huízar, concejal del área de Boyle Heights, se presentó ayer en la vivienda afectada para atender a la familia Valenzuela.

David Miranda, representante del concejal, dijo que estarían haciendo un listado de todas las pérdidas sufridas por la familia (ropa y muebles) para que sean indemnizados.

El rentero, Frank López, dijo que sólo de la Oficina de José Huízar ha tenido atención.

“Ellos son los únicos, porque nadie del LAPD me ha hablado”, mencionó López. “He estado en contacto con David Miranda y estoy por darle los ‘biles’ (facturas) para que la ciudad nos reembolse los daños”.

Después de la pifia cometida por los agentes del LAPD, la casa quedó toda impregnada de gases. “Nos dijeron que en tres días estaría ya bien la casa, pero en realidad se necesita más tiempo, tal vez se requiera de algún químico para limpiar, para que huela algo fresco”, consideró el rentero.

“Pero los más afectados son los inquilinos, que perdieron sofás, camas, ropa y hasta la comida, fue más serio para ellos”.