Legislación para renovar
Hay asuntos que deberían ser resueltos en forma rápida y bipartidista por el Congreso de la nación. La conveniencia de reautorizar la Ley contra la Violencia Doméstica o Violencia contra la Mujer es evidente en el objetivo de la ley: proporcionar recursos a las agencias policiales para perseguir estos delitos y a organizaciones relevantes como refugios y programas de asistencia a las víctimas.
Desde que esta ley se aprobó por vez primera en 1994 ha sido reautorizada con respaldo bipartidista dos veces, pero en esta ocasión hay resistencia de congresistas republicanos, encabezados por el senador republicano Charles Grassley, de Iowa.
La molestia de Grassley y de muchos de sus colegas -no todos- es que a la reautorización se añadieron cláusulas para incluir a grupos que ayudan a víctimas de la violencia doméstica entre parejas del mismo sexo.
También cuestionan que haya una expansión del número de Visas U para inmigrantes víctimas de estas agresiones, ya que en los últimos dos años se alcanzó el tope de 10 mil visas otorgadas y por años se quedaron visas sin usar mientras el Gobierno federal activaba el programa.
El argumento a favor es que las visas excedentes de años anteriores pueden usarse ahora, aumentando la cantidad anual levemente y ofreciendo así más protección a inmigrantes.
Los republicanos objetan además el hecho de permitir que las autoridades en reservaciones indígenas puedan perseguir delitos de violencia doméstica cometidos contra sus ciudadanos por personas que no lo sean.
En principio, todas estas ampliaciones solo buscan un objetivo: más acceso a recursos de ayuda a víctimas de violencia doméstica, sean hombres o mujeres, inmigrantes, heterosexuales o gays.
Creemos que la ley debe ser reautorizada incluyendo lo que consideramos son mejoras en su lenguaje para ampliar la lucha contra este mal social.
Impremedia/La Opinion
