SB1070: Los votantes y jueces

Durante dos años hemos soportado las consecuencias de leyes estatales pro elaboración de estereotipos raciales que violan nuestros derechos humanos y civiles básicos. Estas leyes, azuzadas por la SB1070 de Arizona, las elaboraron políticos imprudentes con un propósito: diluir la creciente presencia y fuerza política de los inmigrantes y las minorías étnicas.

Pero estas leyes mezquinas que amenazan los derechos de ciudadanos e inmigrantes, no tendrán la última palabra. Nos corresponde a nosotros movilizar a los votantes para así tener la última palabra.

Esta frase puede parecer audaz, ya que la Corte Suprema decidirá si la ley de efecto dominó de Arizona ha de sentar un precedente constitucional o no.

SEIU se unió a grupos de derechos civiles y al gobierno federal en demandas que impugnaron la SB 1070 por violar la Constitución. Los Estados pueden tener algunas buenas ideas sobre algunos asuntos, pero sólo el gobierno federal tiene derecho a legislar sobre inmigración. Arizona estuvo fuera de lugar al tratar de expandir su autoridad en inmigración. Según la Constitución, los Estados no pueden suplantar la autoridad federal en política migratoria nacional y crear su propio mosaico de leyes; así como no pueden imprimir su propia moneda, ni desarrollar planes de seguridad nacional independientes ni suscribir tratados con gobiernos extranjeros.

La ley de “muéstreme sus papeles” de Arizona abrió las puertas a la aplicación de otras leyes draconianas en Georgia, Carolina del Sur, Indiana, Utah y Alabama, creando un nuevo conjunto de cuestiones no incluidas en el actual caso de la Corte Suprema.

Aunque políticos complacientes sostengan que simplemente “aplican la ley”, estas medidas disuaden la labor de fiscales y policías locales, porque destruyen la vigilancia ciudadana y socaban la capacidad de investigar crímenes violentos. Esa es la opinión de dos de los tres últimos procuradores generales de Arizona: uno demócrata y otro republicano, así como de otros 42 exprocuradores generales de 27 Estados y el distrito de Columbia, que presentaron ante la Corte Suprema un escrito contra la SB1070.

Mientras la Corte Suprema sopesa los argumentos jurídicos, debemos preguntarnos cómo es que pudo llegar a la Corte una ley insensata que legitima la elaboración de estereotipos raciales, la discriminación y el acoso. ¿Por qué les parece aceptable a los conservadores interrogar y detener a personas sólo por su aspecto o su forma de hablar?

Básicamente, las leyes son patrocinadas por políticos que no comparten nuestros valores. También somos conscientes del hecho de que los que interpretan las leyes son jueces designados políticamente, y la elección de un presidente o de una mayoría senatorial antiinmigrante en Estados Unidos podría resultar en jueces menos proclives a impartir justicia en casos que afectan a nuestras comunidades.

Por lo tanto, debemos registrarnos para votar y elegir a líderes que crean que Estados Unidos se fundó sobre el principio de que todos los hombres y mujeres somos iguales, sin importar nuestra apariencia o procedencia. Porque al hacerlo, podremos marcar la diferencia.

El año pasado, los latinos ayudamos a desbancar al senador de Arizona Russell Pearce, patrocinador de la SB 1070. En lugar de centrarse en la economía, Pearce desaprovechó la reputación del Estado en una ley que asedió a las familias por su aspecto; obligó a los estadounidenses a portar documentos de ciudadanía en todo momento; y acosó a latinos, afroamericanos, asiáticos y otros cuando se mostraban en público.

Esta mala ley está ahora en manos de los tribunales. Pero el futuro de los malos políticos está en nuestras manos. Con nuestros votos, les diremos, “Estados Unidos no es así. No el Estados Unidos mío”.