Ley de Acceso Seguro provoca debate en Westchester
Activistas y grupos religiosos dicen que la ley viola la libertad de expresión.
Nueva York – Funcionarios electos, activistas y líderes religiosos del condado de Westchester mantienen un intenso debate luego de que la Ley de Acceso Seguro fuera aprobada la semana pasada.
La iniciativa que tardó dos años en proceso hasta lograr las modificaciones necesarias para su pase, destaca por brindar a las pacientes el “acceso seguro” a una clínica de aborto en caso de que grupos opositores obstaculicen la entrada, manteniendo a los manifestantes a 25 pies del lugar.
La medida, aprobada por un voto de 10 contra 7, permite al personal de una clínica de aborto llamar por ayuda si una manifestación impide la libre entrada de las visitantes.
Grupos religiosos y activistas pro-vida calificaron la ley como anticonstitucional, argumentando que viola la libertad de expresión. El padre Arthur Rojas, de la iglesia católica de Saint Joseph, en Yonkers, encabeza una campaña que pretende anular la Ley de Acceso Seguro.
Rojas apuntó que la medida atenta contra la libre religión y demandó respetó por las garantías constitucionales.
En actos públicos recientes, el sacerdote dijo que “la ley no tiene razón de ser, pues nos hemos manifestado con apego a nuestros principios espirituales. La paz y la oración son nuestra bandera. No irrumpimos, nos expresamos”.
El clérigo anunció que solicitará el apoyo de la legisladora demócrata por el distrito 17, Virginia Pérez, para vetar la ley.
Pérez, de origen dominicano, no respondió de inmediato llamadas para conocer su postura al respecto.
Por su lado, las legisladoras autoras de la ley, Judy Myers y MaryJane Shimsky, defendieron la medida.
Myers destacó que las audiencias públicas fueron determinantes para definir los lineamientos, además de que expertos en la Primera enmienda analizaron diversos factores para no transgredir derechos garantizados por la Constitución.
Shimsky indicó que la Junta de Legisladores determinó que no existía la adecuada protección a las personas que trabajan o solicitan los servicios de centros de salud pública, por lo que era necesario una legislación para regular la interferencia con el acceso a las instalaciones.
Reina Schiffrin, presidente de Planned Parenthood de Westchester, dijo que la presencia de manifestantes afuera de los centros es un problema constante que pone en peligro la seguridad de los pacientes.
“Nuestros pacientes se sienten avergonzados, juzgados, acosados e intimidados cuando ven a los grupos opositores afuera de nuestras oficinas. Su privacidad se ve amenazada”, indicó.
La primera oficina de Planned Parenthood se abrió en Mount Vernon, condado de Westchester, hace 75 años. Hasta la fecha, ésta y otras de sus clínicas han proveído servicios de control natal, exámenes ginecológicos y de VIH a 40 mil hombres, mujeres y adolescentes.
