Crimen no da tregua a periodistas en Veracruz

Primera parte de una serie de dos

VERACRUZ, México.- El jefe de información del periódico Notiver suelta una sonora carcajada, echa para atrás el respaldo de su silla de oficina, levanta las manos hacia el cielo y exclama: ¡es increíble!

Reír para no llorar con la noticia: 21 policías vigilan las instalaciones donde está la imprenta, pero no el edificio de redacción que se encuentra a unas ocho calles y es el sitio de trabajo de los periodistas que deberían ser resguardados.

Cinco reporteros y excolaboradores de Notiver fueron asesinados en los últimos 11 meses; dos de ellos, el pasado 2 de mayo, en la peor escalada de violencia contra la prensa mexicana que colocan a la entidad del sureste como la más peligrosa del país.

Desde el 15 de octubre de 2002, cuando José Miranda, del periódico El Sur de Veracruz, murió por una cuestionada explosión de gas en su vivienda, le siguieron 15 comunicadores; los últimos seis entre 2011 y el presente año. Además hay tres desaparecidos.

Todos relacionados a sucesos trágicos. Alguno arrollado en su motocicleta; otro balaceado por la espalda en medio de uno de los tantos carnavales del estado, ya asfixiado o estrangulado; golpeados hasta detenerles el corazón o descuartizados…

El gobernador del estado Javier Duarte, ordenó en días pasados la custodia de tres periódicos en donde laboraron algunos de los periodistas muertos: Notiver, AZ y Dictamen, donde hoy los uniformados se apostan con armas largas, camionetas, radios de comunicación.

¿Por qué no aclara a los policías que la redacción no está donde la imprenta?- se le pregunta al directivo de Notiver que pide el anonimato, tal como en muchas notas que imprime el rotativo.

– ¿Para qué? A quienes deberían de estar vigilando es a los reporteros en la calle, no a las oficinas; además, no tenemos confianza, es mejor que vigilen los tornillos de la imprenta- bromea.

La desconfianza, afirma, es por la indiferencia e “ineptitud” que el gobierno estatal ha tenido durante más de una década con su peor faceta durante el gobierno de Fidel Herrera (2005-2011).

El diputado Francisco Javier Lara, del opositor local Partido Acción Nacional (PAN) afirma, como muchas otras voces, que durante esa administración se “dejó crecer” la presencia de la organización criminal Los Zetas en la entidad.

“Se ocultaron cifras del delito, se negaba que hubiera secuestros, extorsiones, venta de droga con servicio estilo pizzería…”, señala para secundar las voces periodísticas acalladas: el crimen organizado penetró hasta lo más profundo de la administración pública.

“Lo reconocieron abiertamente hasta que cerca de una reunión de procuradores de todo el país en Boca del Río – conurbada del puerto- arrojaron 35 cadáveres el año pasado”.

En medio de tal ambiente se encontraron los periodistas.

“Las bandas criminales comenzaron por decirles a los fotógrafos qué querían ver publicado y qué no; después llamaron a las redacciones: unos decían que publicaramos tal imagen y otros que no”, revela Rosa María Espejo, periodista.

Espejo prefiere omitir el nombre del medio de comunicación que coordina, una medida de seguridad mínima, aunque no está segura cuál acción podría ser la más certera para protegerse: un colega de redacción ya fue ejecutado, desmembrado.

Finalmente no publicaban las fotos, pero los requerimientos de silencio se agudizaron en llamadas anónimas: no querían notas reporteadas en primera plana, dijeron. Después ni siquiera en interiores y la estocada final fue una orden: cero información.

“Obedecimos, no teníamos opción porque no estábamos, ni estamos preparados para esto”, sostiene esta mujer quien inició su carrera periodística en 1984 y recuerda: Antes la nota roja era correr para hablar del alto número de suicidios –el carácter pasional del jarocho: ya por el frío o por el calor, la falta de empleo-o por los múltiples incendios, acuchillados y de pronto… todo se volvió balaceras, decapitados, doctores, maestros secuestrados.

“Nos ha convulsionado: estamos aterrados, indignados, confundidos”, lamenta.

“La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la Procuraduría General de la República me envió un oficio para solicitar mi domicilio y yo tengo miedo de dárselos”.

En octubre de 2011, Duarte aceptó la entrada del Ejército y la Marina a través del Operativo Veracruz Seguro y los comunicadores volvieron a sentir mayor tranquilidad hasta la muerte de Regina Martínez, corresponsal de la revista crítica Proceso, el 28 de abril al que siguieron dos más.

Gerardo Pérez, dirigente de la organización defensora de los derechos humanos “Colectivo por la Paz, considera que actualmente los periodistas veracruzanos están en “total indefensión”.

“Aquí no sabes si con quien estás hablando es la persona que te va a delatar o matar, aquí hay un monstruo que creció demasiado y no se alcanza a ver”, sostuvo.

Un grupo de reporteros que accedió a hablar con La Opinión como colectivo sin nombre enumeran algunos desencuentros durante este año con presuntos miembros del crimen organizado.

“Fuimos a cubrir una fuga de agua y sacábamos una fotos cerca de una vivienda de donde salió abruptamente un hombre y dijo ‘qué ver… hacen aquí, lárguense a la chingada’… entonces nos fuimos inmediatamente: era una casa de seguridad”.

Son decenas de temas periodísticos relacionados al narcotráfico que se guardan por miedo aunque saben que están ahí, muy cerca.

Entre ellos, un campo de entrenamiento de sicarios en la colonia Revolución de Xalapa, la capital, justamente la zona donde han sido reportados como desaparecidos varios jóvenes entre los 200 casos que han documentado de igual manera: a escondidas sigilosamente.

Ninguna precaución está de más, aunque reconocen que algunos de sus compañeros sí han sido corrompidos por el crimen, son los menos. A Misael López, autor de la columna Va de Nuez, en Noviter lo mataron después de que documentó el vínculo del asesinato del agente de Administración y Aduanas con la policía intermunicipal del puerto.

El hoy jefe de información que omite su nombre lamenta que ignorara a las amenazas: un día dejaron cerca del estacionamiento del rotativo una cabeza y dentro de la boca traía un mensaje: “Sigues tu Milo”.

Gina Domínguez, vocera del estado, afirma a este diario que las averiguaciones de todos los casos de periodistas asesinados siguen abiertas. “No es fácil documentar”, precisa sobre los procesos que describe como “sin tiempo límite para resolver”.

El directivo de Notiver ataja desde su oficina: “El que sigue puede ser cualquiera y esto sólo se detiene cuando pare la impunidad”.