Crítica a México y El Salvador
Gobierno estadounidense critica corrupción pública en México y El Salvador
WASHINGTON, D.C.- En su nuevo reporte sobre derechos humanos 2011, el Departamento de Estado, indicó ayer, que en México y El Salvador, no se castiga de manera eficiente la corrupción de funcionarios públicos.
El documento está compuesto por 199 reportes sobre naciones en todo el mundo.
“Defenderemos los derechos humanos, cada día. Estamos haciendo lo posible para darle una voz a la gente en sus sociedades […] Sabemos que queda mucho trabajo por delante”, comentó la secretaria de estado, Hillary Clinton.
El informe detalló que el gobierno mexicano no siempre implementa las penas contra la corrupción efectivamente. “Reportes creíbles indicaron que frecuentemente oficiales se involucraron en prácticas corruptas con impunidad y que pocos casos fueron llevados a juicio”.
“La corrupción en el nivel más básico, involucra pagar sobornos por servicios rutinarios o en lugar de multas para funcionarios administrativos y fuerzas de seguridad. Formas de corrupción más sofisticadas y menos aparentes, incluyen el pago excesivo de bienes y servicios para proveer recursos a funcionarios electos o partidos políticos”, indicó el documento.
Además, especificó que durante el año 2011, la Procuraduría General de la República inició procesos legales por cohecho, contra 102 empleados, 18 de los cuáles fueron condenados.
El documento mencionó como supuestos casos de corrupción los que involucran al ex gobernador de Coahuila y ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, junto al del ex alcalde de Cancún Gregorio Sánchez, entre otros.
“Vemos este problema en diversos países en el mundo. Parte del mandato de este reporte, es incluir información que creemos es confiable”, dijo el subsecretario para democracia, derechos humanos y trabajo del Departamento de Estado, Michael Posner
En El Salvador, el cohecho fue presentado como el principal problema que enfrentan los derechos humanos, particularmente a nivel de sistema judicial. “La ley provee penas criminales contra la corrupción, sin embargo, el gobierno no implementó la ley efectivamente y oficiales, se involucraron en prácticas corruptas con impunidad”, resaltó.
Como ejemplo, el reporte citó el despido de todas las fuerzas de seguridad de la prisión de Quezaltepeque. También destacó que los oficiales públicos no tienen la obligación de difundir su información financiera, como lo dicta la ley.
En 2011, el tribunal de Ética recibió 173 quejas, donde estaban involucrados 347 funcionarios públicos. De ellos se procesaron 148 y 19 fueron llevados ante el Procurador General.
En cuanto a abusos a civiles, por parte de las fuerzas de seguridad, el informe presentó un panorama difícil en ambos países, sobre todo en México. “A veces en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales (TCO), pero también sin estar relacionado, las fuerzas de seguridad se han involucrado en matanzas ilegales, desapariciones forzadas e instancias de abuso físico y tortura”, declaró Posner.
“Hay numerosos reportes de violaciones por el ejército, que se han mencionado en reuniones con miembros del gobierno mexicano, sobre cómo mejorar responsabilidad y respuesta por esas violaciones. El esfuerzo debe concentrarse en una justicia criminal que trate estos casos, fuera de la justicia militar”, agregó.
En el caso de El Salvador, se mencionaron matanzas por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones extendidas, condiciones de hacinamiento en prisiones, prostitución infantil, tráfico de personas, y discriminación contra las minorías.