Mengua la paz de ‘sin papeles’

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) activó ayer en la capital del país el programa Comunidades Seguras y se encontró con la oposición frontal del Gobierno local.

WASHINGTON, D.C. (EFE).- La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) activó ayer en la capital del país el programa Comunidades Seguras y se encontró con la oposición frontal del Gobierno local.

Con la incorporación del Distrito de Columbia, ya son tres mil 74 las jurisdicciones policiales de 50 estados y cinco territorios más donde funciona este programa que se enfoca en perseguir a los inmigrantes indocumentados que enfrentan cargos criminales, según indicó una portavoz de la agencia federal.

De este modo, la ciudad de Washington aplicará el uso compartido de huellas dactilares entre los cuerpos de policía y ICE, tal y como hace desde sus inicios ese programa federal.

“Estoy profundamente decepcionado de que el Gobierno Federal active el programa de Comunidades Seguras en el Distrito de Columbia”, declaró el alcalde de la ciudad, Vicent Gray, horas antes de la entrada en vigor de la norma.

El alcalde y otros representantes de la zona quieren marcar un frente común para oponerse al programa federal y defender una fórmula legal con la que los agentes municipales de Policía puedan evitar facilitar información a ICE en caso de tratarse de delincuentes menores, según dijo un portavoz municipal.

El alcalde de la capital estadounidense considera que el programa federal “pone en peligro los lazos de confianza y, por lo tanto, crea un ambiente menos seguro para todos”, señaló.

Gray criticó a ICE por la decisión de “continuar con el programa a pesar de las fuertes protestas de las autoridades locales y oficiales electos en el distrito”.

La oposición al programa está latente desde el pasado otoño en la ciudad.

El alcalde firmó en ese entonces una orden ejecutiva, todavía en vigor, para que los agentes policiales del Distrito de Columbia no detengan a individuos sólo por su estatus migratorio.

El texto también prohíbe a las agencias del Distrito posibilitar entrevistas de inmigración a los detenidos sin una orden judicial.

Pese a las críticas municipales, ICE asegura que este programa “ha cambiado profundamente” la política migratoria y ha aplicado “prioridades claras” para enfocarlo en la persecución de inmigrantes con cargos, según un comunicado remitido.

La agencia federal considera que el programa mantiene “un enfoque sostenido en la identificación y expulsión de extranjeros criminales y otros individuos prioritarios”.

“Ha demostrado ser la herramienta más valiosa al permitir que el organismo elimine el enfoque del pasado y se centre en extranjeros criminales y violadores de la ley de inmigración”, añadió el organismo.

ICE cuantifica en 135 mil los criminales extranjeros expulsados del país que habían sido declarados culpables, incluyendo unos 49 mil condenados por graves delitos violentos como el asesinato, la violación y abuso sexual de menores.

Entidades proderechos humanos y de inmigrantes han considerado reiteradamente que esta herramienta debilita la seguridad nacional del país.

Creen que provoca que la población latina y la comunidad inmigrante dejen de comunicarse con la policía por temor a ser deportados al descubrir su estatus migratorio.

En el último mes, se han realizado protestas de inmigrantes indocumentados en varios puntos de EEUU, incluida una manifestación ante el Departamento de Seguridad Nacional para acusar al Gobierno de incumplir su promesa de realizar deportaciones selectivas.

Por su parte, la Administración ha subrayado que da prioridad a la persecución de los criminales indocumentados por delante de otros perfiles migratorios y que en el último año ha realizado varias detenciones masivas de inmigrantes que enfrentan cargos.

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