Exigen cambios en policía de PR
Informe de ACLU señala una conducta repetitiva de abusos contra los residentes; reina la impunidad
Ruth Jiménez, madre del asesinado Jorge Polaco. Crédito: Suministrada
WASHINGTON, D.C.- A ratos, Ruth Jiménez parece concentrar sus pensamientos en otro lugar. Su voz irradia un dolor que desde 2004, no ha podido sacar de su vida. La muerte de su hijo, Jorge Polaco, a manos de la policía en Puerto Rico.
“Cuando nos llamaron para contarnos que mi hijo estaba en el cuartel de policía, partimos de inmediato. Luego nos dijeron que se encontraba en el hospital. Yo ya tenía un presentimiento, pero cuando llegamos y escuché que estaba muerto, perdí el conocimiento por cinco días. Estuve seis meses con una depresión muy fuerte”, confesó a La Opinión.
“Nunca nadie de la policía fue a hablar conmigo. Después de un año contraté investigadores y comenzamos a indagar. Mi hijo chocó su auto contra una pared. Luego salió del carro, ahí llega la policía y le dispara. Ellos alegaron que hubo un forcejeo, pero no existe ninguna prueba de eso. Allá la policía no necesita razones. Llega y dispara”, aseguró.
Un nuevo reporte difundido por la Unión de Derechos Civiles Americana (ACLU) ayer, titulado “Isla de Impunidad”, acusó al Departamento de Policía de Puerto Rico, de tener una conducta repetitiva de abusos contra los derechos civiles y humanos, de los residentes en la isla, tras seis meses de investigación.
Puerto Rico cuenta con 3.7 millones de residentes y una fuerza policial de 17,000 efectivos. De acuerdo al informe, entre 2005 y 2010, cerca de 1,700 oficiales fueron arrestados por involucrarse en actividades criminales, entre ellas asalto, robo, violencia doméstica, tráfico de drogas y asesinato.
“La policía está plagada de una cultura de violencia y corrupción [?] el uso de fuerza excesiva o letal es rutinario y las violaciones a derechos civiles y humanos son comunes”, detalló el documento.
Específicamente, en cuanto a los abusos contra civiles, el reporte menciona golpizas, violencia en contra de personas de bajos ingresos, dominicanos y manifestantes. En octubre de 2010, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a 61 policías por corrupción, relacionada con fabricar cargos contra residentes de un proyecto habitacional.
En septiembre pasado, otra investigación, realizada por el Departamento de Justicia, determinó que en la isla, existe una crisis de derechos civiles, como resultado de las acciones perpetradas por la policía puertorriqueña.
“No hemos tenido una respuesta clara del Departamento de Justicia. Hace más de nueve meses que sacaron su informe. No entendemos por qué se tardan tanto en dar el próximo paso. Para nosotros el abuso policiaco sigue”, aseguró el director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero.
“La actitud del gobernador (Luis) Fortuño ha sido una desgracia. Que todavía no reconozca que hay un problema y no haya tomado control de la policía, es una falta de liderazgo”, agregó.
Por su parte, en una declaración emitida por el comisionado residente, Pedro Pierluisi, se defendieron reformas recientes para mejorar el desempeño de la fuerza policial.
“Ambos reportes muestran problemas estructurales identificados en el departamento de policía, que se vienen arrastrando por muchos años, a través de varios gobiernos locales. La administración del gobernador Fortuño ha tomado pasos específicos para mejorar el entrenamiento que se da a los oficiales y poner en marcha un sistema diseñado para que los funcionarios respeten las leyes federales y locales”, declaró.
ACLU denunció que entre 2010 y 2011, proporcionalmente en Puerto Rico, ocurrieron tres veces más muertes de civiles a manos de funcionarios policiales, que en la ciudad de Nueva York.
