Existen dudas por todos lados

PHOENIX, Arizona.- La incertidumbre que rodeó la expectativa de una decisión de la Corte Suprema sobre la SB 1070 llegó a su fin con el anuncio de que sólo una parte de la ley entraría en efecto, pero el fallo despertó opiniones encontradas.

Tanto simpatizantes como defensores de la ley en Arizona interpretaron el fallo de la corte a favor de una porción de la ley que hace obligatorio que la policía verifique el estatus migratorio de una persona si sospechan que es indocumentada como una victoria.

“Esta mañana la Corte Suprema envió un fuerte mensaje a la gobernadora y a los miembros de la legislatura de que se pasaron de línea y han ido demasiado lejos con el tema de la inmigración en Arizona”, dijo Steve Gallardo, senador demócrata. “Ese tema es un asunto federal que debe tratarse a nivel federal”.

La SB1070 fue aprobada en el 2010 con la firma de la gobernadora republicana Jan Brewer. La controversial ley entró parcialmente en efecto el 29 de julio de ese año después de que cuatro partes de la misma fueran frenadas por la jueza federal Susan Bolton.

La gobernadora Brewer dijo que la decisión había sido un triunfo porque ahora “la parte central de la SB1070 podrá ser implementada de acuerdo con la Constitución”.

Brewer dijo que se prepararía para otros desafíos legales contra la parte de la ley que entró en efecto.

Entre estos se encuentra una moción pendiente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Fondo México-Americano para la Defensa y la Educación (MALDEF) para bloquear la ley argumentando que abriría las puertas para el uso de perfiles raciales.

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Para algunos inmigrantes como Patricia Rosas fue un balde de agua helada puesto que generará mayor desconfianza hacia la policía por parte de la comunidad latina.

“Ahora sí que vamos a boicotear a Arizona”, dijo Rosas en referencia a un boicot que se ha llevado a cabo en contra del estado desde que se aprobó la ley y fue parcialmente cancelado.

Sin embargo, no todos se sienten tan dispuestos a tomar acción.”Nos da miedo, nos da pánico salir a la calle y que la policía nos pare nada más porque sí,” dijo Refugio López, una inmigrante de Sinaloa, México.

López está evaluando si permanece en Arizona o abandona el estado, para evitar verse separada de sus hijos por un encuentro con la policía.”Esto va a quedar en la historia como un mensaje para nuestros hijos”, dijo Maura Urquide, una activista proinmigrante que lleva días como parte de una vigilia del grupo Promesa Arizona en el Capitolio Estatal.

“El voto va a ser nuestra arma”, agregó.

El exsenador Alfredo Gutiérrez opinó que esto no cambia la realidad que ya se vive en Arizona, con autoridades como el sheriff Joe Arpaio que ha organizado redadas en vecindarios latinos para perseguir a los inmigrantes indocumentados.”Este no es un mal día”, dijo Randy Parraz, uno de los fundadores de la organización Ciudadanos por una Arizona Mejor que logró la destitución del autor de la ley, el senador republicano Russell Pearce.

Parraz dijo que ahora continuarán con los esfuerzos para evitar que Pearce logré ser elegido nuevamente y una campaña en contra del sheriff Arpaio, uno de los principales impulsores de políticas contra la inmigración ilegal.

Arpaio dijo que el anuncio “no cambia nada” y que continuará aplicando la ley de la misma forma pese a enfrentar una demanda del gobierno federal donde se acusa a sus oficiales de hacer uso de los perfiles raciales.

Por su parte grupos proinmigrantes como PUENTE llevaron una protesta en las puertas de la Oficina del Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reclamando que la administración de Obama no deporte a las que serían víctimas de la SB 1070.

La decisión sobre la SB1070 coincidió con al anuncio de que el gobierno federal suspenderá los programas conocidos como 287(g), contratos con las corporaciones policíacas que les permiten hacer las veces de agentes de migración.”Vemos que Obama sigue con un juego político en nuestra comunidad y las vidas de las personas indocumentadas en este país”, dijo Carlos García, director ejecutivo de PUENTE.

García explicó que otros programas similares al 287(g) como Comunidades Seguras seguirían en efecto permitiendo que las personas detenidas por la policía local que no cometieron delitos o delitos que no son serios puedan acabar siendo deportadas.

“Va a haber más desobediencia civil y no sólo por la gente que lo ha hecho anteriormente, pero esperamos que hasta la gente indocumentada salga al frente sino hay una línea donde ir a pedir documentos y ya están cansados de salir corriendo,” dijo García.