Las cifras lo dicen todo

Para algunos críticos del Presidente, el tema migratorio es ideal para decir que la Casa Blanca tiene un agenda en favor de una amnistía y retratar a los indocumentados como una alta amenaza a la seguridad pública.

Las cifras, sin embargo, muestran una realidad opuesta. El reporte sobre la delincuencia y los inmigrantes, solicitado por el Comité Judicial de la Cámara Baja, tenía la intención de ser un plataforma para acusar al presidente Obama por no deportar a suficiente cantidad de indocumentados, especialmente a los más peligrosos.

Es curioso que se haga esta acusación cuando la administración Obama ha batido todo récord de deportaciones, cerca de 400,000 anuales, justificándolo por su atención especial puesta, precisamente, en los indocumentados peligrosos.

El reporte, creado por la Oficina de Investigación Legislativa, también mostró que en período de tres años cerca de 47,000 indocumentados fueron arrestados por autoridades policiales, supuestamente notificados a la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y puestos en libertad ante la inacción de los agentes migratorios. De estos liberados, 7,000 volvieron a cometer delitos, señala el estudio.

No hay que restar importancia a cada delito y a su víctima; pero el 16% de reincidencia es un porcentaje muy por debajo al promedio nacional de 43% de reincidencia de la población penal, estimado en un estudio de Pew Center on The States. Se puede decir que los indocumentados arrestados son mucho menos proclives a cometer otro delito que el resto de los presos.

Pero esta conclusión, al igual que el reconocimiento del elevado número de deportaciones de los últimos años, no coincide con la narrativa deseada por el presidente del comité Lamar Smith de que la negativa de la Casa Blanca de deportar indocumentados está poniendo en peligro la seguridad pública de los estadounidenses.

En realidad, la comunidad latina sabe por experiencia propia que bajo el argumento de deportar delincuentes han caído justos y pecadores. Y el reporte indica que el peligro que corre la sociedad con la reincidencia delictiva de los indocumentados es mucho menor que la amenaza que hay con la reincidencia de nativos y residentes legales.

No hay que desmerecer el problema de la delincuencia, pero tampoco se puede permitir que la retórica antiinmigrante de algunos líderes del Congreso de vuelta la realidad para su propio provecho político.