Estudiantes indocumentados enfrentan a gobernadora

Washington, D.C. – Se avecina otra batalla por los derechos de los ‘Dreamers’. Esta vez, con la gobernadora Jan Brewer y su nueva orden ejecutiva. Las estrategias de movilización y legales, ya se están armando, mientras, por el momento, otros gobernadores, no han dado señales de querer seguir sus pasos.

El comienzo de las postulaciones para el proceso de acción diferida se vio empañado, esta semana, cuando la gobernadora del estado de Arizona -Brewer- anunció que no dejará que los jóvenes postulen a licencias de conducir.

El documento especificó que “las agencias estatales que proveen beneficios públicos deben ejecutar un proceso de análisis y desarrollo de reglamentos, para iniciar los cambios regulatorios necesarios”.

El objetivo es “prevenir que los beneficiados con acción diferida, obtengan elegibilidad para recibir garantías financiadas por los contribuyentes y cualquier identificación estatal, incluyendo licencias de conducir”, según especificó la orden ejecutiva.

Desde final de 2009 y por directrices federales, al aplicar a una licencia de conducir, se debe probar identidad a través de: certificado de nacimiento o pasaporte estadounidense sin expirar; certificado de naturalización o ciudadanía; tarjeta de residencia; permiso de trabajo o un pasaporte extranjero con un número I-94 vigente.

La obtención de licencias de conducir es clave, ya que a lo largo del país, especialmente en zonas rurales, es la única forma en que miles de jóvenes pueden desplazarse. En varios estados, ser detenidos sin licencia es un delito menor.

“No estamos sorprendidos de la decisión de Brewer. Es una postura extremista. Ahora estamos en conversaciones respecto a qué hacer”, aseguró Cristina Jiménez, directora administrativa de la red United We Dream. “Hemos explorado todas las maneras posibles para combatir esto, ya sea a través de recursos legales, como impulsando a la comunidad.

Es importante crear presión a nivel nacional, a través de las movilizaciones y es probable que nos enfoquemos en esto”.

Alexandra Soler, directora ejecutiva de la oficina de Phoenix de ACLU, aseguró que “Brewer está tratando, una vez más, de dirigir la política migratoria federal”, el argumento principal con que el gobierno enfrentó al estado en la Corte Suprema, por la ley SB1070.

“Tenemos que esperar a ver cómo se implementa la orden ejecutiva y en base a eso, resolver qué alternativas legales tendremos para combatirla”, comentó.

Hasta el momento, cinco estados han promulgado iniciativas similares a SB1070, siguiendo los pasos de Brewer. Entre ellos Utah, Indiana, Alabama, Carolina del Sur y Georgia.

Voceros de las oficinas de los gobernadores de Georgia, Nathan Deal y Utah, Gary Herbert, confirmaron a La Opinión, que no se han sostenido discusiones respecto a emitir una orden ejecutiva similar y que por lo pronto, “no está dentro de sus planes”.

Sin embargo, oficinas como la del gobernador Robert Bentley, en Alabama, no contestaron, a pesar de repetidas llamadas por comentarios. Lo mismo ocurrió en el caso de Carolina del Sur e Indiana.

Alabama, en particular, se caracterizó por la promulgación de la ley HB56, calificada como la más anti inmigrante del país, por diversas organizaciones de derechos civiles.

Por ahora líderes, de establecimientos nacionales, no parecen preocupados por la posibilidad de ver órdenes ejecutivas contra los Dreamers, en otros estados del país.

“Creo que los gobernadores que han seguido los pasos de Brewer en inmigración, han aprendido que los ataques que ocasionan miedo, no llevan a una solución. El hecho es que lo único que está haciendo la gobernadora, es cerrar a Arizona a una nueva base de contribuyentes, muchos de los cuales comenzarán pequeños negocios”, explicó Ali Noorani, director ejecutivo de National Immigration Forum.

De acuerdo a estimaciones del Instituto de Política Migratoria, cerca de 80,000 jóvenes serán elegibles para postular a acción diferida en Arizona, ya sea de inmediato o en un futuro cercano, cuando cumplan con los requisitos de edad.