Reforma laboral negociada

La iniciativa de reforma laboral que el presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados y que a más tardar el 1 de octubre debe ser votada en el pleno, tiene más que agitado al mundo sindical que amenazan con tomar calles y plazas públicas para impedir la aprobación de los cambios.

Son dos grandes temas los que trae la reforma laboral.

Uno es lo que se ha dado en llamar la “flexibilización del mercado laboral”, en sus dos vertientes: facilitar el acceso a un puesto de trabajo a través de nuevas modalidades de contratación y hacer más fácil también la conclusión de una relación laboral.

El otro tema es el de los sindicatos. La iniciativa de Calderón va dirigida al corazón de la vieja estructura del PRI y plantea que las directivas gremiales sean electas mediante el voto libre, directo y secreto, para acabar con lo que ocurre ahora en la mayoría de los sindicatos: que los líderes son electos en asamblea y el voto es a mano alzada, lo cual impide a los trabajadores mostrar sus preferencias.

También obliga a las directivas sindicales a hacer algo que no acostumbran: rendir cuentas a sus agremiados. Según la iniciativa calderonista, las dirigencias deberán entregar a todos los sindicalizados un resumen de los resultados de la administración del patrimonio del sindicato, en el que necesariamente deben explicitar la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino.

Otro de los puntos por los que los líderes sindicales han levantado la voz es por las disposiciones que trae la iniciativa en relación a los contratos colectivos, pues hoy en día son pocos los sindicatos que los difunden entre sus agremiados, y por interés tanto de los dirigentes como de los patrones.

En resumen, de haber sido aprobada como fue presentada -lo que resultaba no sólo remoto, sino utópico- la iniciativa calderonista podría haber acabado con los privilegios y abusos que han permitido a los líderes enriquecerse a costa de los trabajadores y mantenerse por décadas al frente de los sindicatos.

La realidad, sin embargo, es otra

Enrique Peña Nieto pactó con Felipe Calderón la aprobación de una ley laboral, pero se trata de una iniciativa que sólo beneficia al empresario, al dueño de la fuente de trabajo, y precariza aún más al empleado y sus derechos.

La Cámara de Diputados entregó el proyecto de reforma a los partidos para su revisión, pero el dictamen no incluyó modificaciones en materia de transparencia sindical y de candados para evitar el abuso en los contratos a prueba, temporales y de capacitación.

El diputado Martí Batres (PRD) sostuvo que con el proyecto “se termina la farsa publicitaria de Calderón sobre la transparencia sindical y sale a la luz la verdadera cara de terror que pretende” su iniciativa. Porque, insistió, “hay una negociación de las peores entre PRI y PAN: el PAN introduce la fragmentación del salario y el PRI mantiene intacto el viejo corporativismo sindical”.

Si la ley se aprueba esta semana, se hará con tantos cambios que se habrá achicado. No será la propuesta de Calderón, pero sí igual de lesiva para los trabajadores.

La modificación legaliza la subcontratación, los contratos a prueba, temporales y de capacitación, impone el salario por hora, la productividad como base para el ascenso en el empleo y la obtención de una plaza por encima de la antigüedad.

A pesar de los cambios que hizo el legislativo a la iniciativa, los promotores de la reforma laboral impulsada por los organismos empresariales y sectores del PAN y del PRI, plantean, entre otros puntos, “flexibilizar” el mercado de trabajo, lo que significa que los empresarios tengan menores costos por contratar y despedir personal

Sin embargo, hay muchos otros cambios que pasarán y que también afectan -y gravemente- al trabajador. Por ejemplo, el pago de tan sólo un año en caso de pleito por salarios caídos, aunque el conflicto laboral dure 20 años, eso, claro, orillará a los empleados a llegar a un mal arreglo antes de iniciar un proceso.

Hay muchos puntos que no se pueden dejar atrás, por ejemplo, la ley dice que la jornada es de ocho horas y, para tener derecho a Seguro Social, y por tanto a pensiones e Infonavit, se deben cotizar ocho horas. No obstante, el pago por horas facilita aún más al patrón a que se deslinde de sus obligaciones y deje al trabajador en la indefensión.

El perredista Martí Batres aseguró que la reforma es “verdaderamente salvaje y criminal”, porque busca abaratar los salarios, abrirá la puerta a despidos masivos para aplicar los contratos temporales y hará retroceder aún más al salario.

Desde hace 25 años el sector empresarial ha buscado reformar la Ley Federal del Trabajo, adecuarla a las demandas de la modernidad incluyendo elementos que aumenten “la calidad y productividad”. Pero todo quedó en papel. Sin embargo hoy, gracias a la dupla PAN-PRI, parece que el sector patronal hará realidad el sueño empresarial.