Le jugaron sucio con el ADN

Dominicano demanda a EEUU por negar visa a su hija por un informe errado

Santo Domingo – Un dominicano demandó por US$180 millones al consulado de Estados Unidos en el país y a un laboratorio clínico de New Jersey que hace siete años emitió un análisis errado sobre el ADN de su hija, lo cual, según alega, lo llevó a destruir a su familia y a una depresión en la que pensó hasta quitarse la vida o agredir a su esposa bajo sospecha de que le había sido infiel.

Miguel Familia, nacionalizado estadounidense, llevó la demanda contra el consulado y la Clínica Testing & Research ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que preside la juez Yokaurys Morales. El tribunal aplazó la audiencia del miércoles para citar al cónsul general de Estados Unidos y para que los demandantes corrijan algunos elementos de la querella.

Judith Ravin, de la Oficina de Prensa de la Embajada de Estados Unidos, dijo a El Diario/La Prensa que “hemos visto las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre este caso”. Añadió que “de acuerdo con las secciones aplicables de las leyes estadounidenses, no podemos comentar públicamente sobre casos particulares. La prueba de ADN es el procedimiento estándar utilizado para establecer las relaciones sanguíneas en casos consulares”.

Familia alega que en 2005, al tramitar la documentación para llevarse a su hija a vivir a Estados Unidos, una prueba de ADN reportó que no era el padre biológico de la niña, lo cual lo llevó a una ruptura de su matrimonio con Yessica Guerrero, madre de la menor que entonces tenía siete años de edad.

La residencia le fue negada a la menor. Familia explicó que siete años después hizo la prueba de ADN a la menor en los laboratorios Amadita y de Referencia con resultados positivos. “Perdí mi esposa, mi niña duró siete años sin padre, realmente estoy destrozado, porque ella no ha querido reconciliarse conmigo por el trauma que esto le ha causado”, aseguró.

El caso llevó a Guerrero a demandar a Familia para exigir una pensión alimentaria ante el juzgado de paz del municipio La Romana, en la región este del país. Sin embargo, el tribunal rechazó la demanda basándose en la certificación que utilizó el Consulado de Estados Unidos.

El problema de la menor siguió debido a que la madre llegó a ser acusada de agredirla, lo cual hizo que Guerrero estuviera en prisión por dos meses al no poder cubrir el pago de una fianza que le impuso un juzgado de instrucción de La Romana.