Exitosa a pesar de demandas

SAN FRANCISCO.- Pocas compañías de seguridad se han beneficiado tanto del aumento en los contratos gubernamentales relacionados con el 11 de septiembre como Akal Securities, una empresa con sede en Nuevo México controlada por estadounidenses convertidos a la secta religiosa sij.

La empresa comenzó en 1980 con contratos pequeños que ofrecían servicios de seguridad a pequeñas tiendas de alimentos y bares, y ahora cuenta con 10,000 empleados que vigilan salas de tribunales federales en 40 estados, bases del ejército, aeropuertos, embajadas de EEUU y centros federales de detención de inmigrantes.

Ganó más de 3 mil millones de dólares en contratos federales desde el 11 de septiembre de 2001 y se ha convertido en el contratista más grande del país en lo que respecta a los servicios de seguridad en los tribunales.

Pero junto a este impresionante crecimiento también se acumulan problemas legales. Akal está implicada en decenas de casos legales procesados por autoridades federales, empleados que denuncian irregularidades y otras personas con acusaciones varias, que incluyen muchos casos de despidos indebidos.

El año pasado, la empresa admitió ante un tribunal federal de Washington D.C. que tenía 134 “casos pendientes o en litigio” a nivel nacional. Walden Security, un competidor, presentó 12 de esos casos ante el mismo tribunal. Walden cuenta con 3,000 empleados.

El mes pasado, Akal aceptó pagar 1.9 millones de dólares como acuerdo por las acusaciones del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) de que había falsificado la prueba de capacitación con armas de fuego de varios guardias que se encontraban asignados en muchos tribunales federales en el norte de California.

El presidente de Akal, Daya Khalsa, señaló que su empresa no tiene más problemas legales que cualquier otra empresa de tamaño semejante. La gran mayoría de los empleados de Akal, dijo, tienen un desempeño admirable, pero los errores cometidos por unos pocos empleados adquieren una dimensión gigantesca al verse implicados en demandas judiciales que en su mayoría no tienen mérito alguno.

“Tenemos un sistema legal en nuestro país y un sistema regulatorio que fomenta una tremenda cantidad de litigios”, señaló Khalsa en una entrevista telefónica desde su oficina en Nuevo México. “No creemos que sea una cantidad grande”.

Khalsa señaló que la empresa aceptó el 28 de septiembre llegar a un acuerdo por las acusaciones sobre los centros de tiro como forma de evitar mayor exposición financiera, ya que la empresa temía sufrir una pérdida económica más grande si hacía frente a las acusaciones ante un jurado imprevisible. Específicamente, se acusó a los operadores de los centros de tiro de permitir que algunos guardias completaran las pruebas de tiro al blanco después de terminado el límite de tiempo y luego informar al Servicio de Mariscales que habían aprobado la prueba.

“Simplemente estuvieron equivocados”, dijo. “Todo agente de seguridad en los tribunales cuenta con una capacitación total y adecuada”.

Fundada en 1980 con un préstamo de 1,200 dólares, Akal es propiedad de la organización religiosa sin fines de lucro “Sikh Dharma”, creada a comienzos de la década de 1970 por Yogi Bhajan, un carismático líder sij. Bhajan murió en el año 2004.

Hoy Akal representa uno de los éxitos empresariales más grandes de la región suroeste del país, como el segundo contratista de mayor tamaño del DOJ y con ganancias de 500 millones de dólares anuales.

El nombre de la empresa proviene de una palabra en sánscrito que significa “eterno” o “inmortal” y este término lo usaban los guerreros sij como grito de guerra.

La religión sij tiene 500 años de antigüedad y dice contar con 26 millones de seguidores en el mundo entero. La organización Sikh Dharma es la organización sikh más grande del oeste. Sus seguidores masculinos casi siempre adoptan el nombre “khalsa”, que significa “pureza”, y usan turbante y túnica, y se dejan crecer la barba y el cabello, que nunca más vuelven a cortar.

Al morir Bhajan, la organización Sikh Dharma tenía bajo su poder varias organizaciones caritativas, escuelas y organizaciones religiosas sin fines de lucro. También controlaba dos empresas con fines de lucro, Akal y Golden Temple Inc., un fabricante y distribuidor de productos de té y cereales.

Las empresas contribuían considerables sumas de dinero a la organización. Pero en el año 2007 comenzó un intenso litigio por el control de Sikh Dharma, luego de que Akal aceptara pagar una multa de 18 millones de dólares como acuerdo en una demanda federal que sostenía que la empresa no había contratado suficientes guardias con la capacitación debida.

La empresa ya no pudo continuar contribuyendo con la organización religiosa. Sikh Dharma se sometió a una importante reestructuración corporativa que complicó aún más “las entidades sin y con fines de lucro que formaban parte de esa muñeca rusa”, como señaló en diciembre el juez del estado de Oregon que presidió la disputa legal. Acusó al directorio de actuar en provecho propio, tener conflicto de intereses y estar implicado en otros actos deshonestos.

El atribulado directorio aceptó en agosto renunciar en masa y fue sustituido por un nuevo grupo de khalsas, que prometió gestionar la organización mejor y con más apertura.

“Nuestra comunidad puede continuar con la unidad y dedicar nuestros esfuerzos a servir nuestra misión, gestionar y hacer crecer nuestras empresas, divulgar las enseñazas y crear prosperidad para nuestro futuro”, afirmó en una declaración escrita Gurujot Kaur Khalsa, el nuevo secretario general, al anunciar el acuerdo.

Además, Akal ha pagado a lo largo de los años decenas de millones de dólares en acuerdos de litigios que acusaban a la empresa de tratar inadecuadamente a las empleadas embarazadas y enviar guardias con poca capacitación a proteger las bases del ejército.

También ha tenido problemas legales con el sindicato que representa a los guardias y con ciertos empleados que denunciaron haber sido despedidos indebidamente.

Akal pagó en 2010 una suma de dinero no especificada como acuerdo de la demanda presentada ante el Tribunal Superior de San Francisco, en la que se acusaba a la empresa de tomar represalias contra tres guardias que denunciaron a unos compañeros de trabajo por conductas indebidas, entre ellas consumo de drogas en horas de trabajo, consumo de alcohol y relaciones románticas entre guardias y funcionarios del tribunal.

También se llegó a un acuerdo semejante por una suma de dinero no especificada en una demanda entablada en Sacramento.

En 2007, la empresa pagó 18 millones de dólares DOJ por un acuerdo contra las acusaciones que algunos de sus guardias en las bases del Ejército de EEUU “no cumplían supuestamente con los requisitos pertinentes a la capacitación en armas y recibieron otra capacitación, y el contratista supuestamente no cumplió con los requisitos de hora-hombre contractuales”, según una declaración realizada por DOJ en ese momento.

El Servicio de Mariscales otorgó el año pasado a Akal un contrato por 1.6 mil millones de dólares durante cinco años para ofrecer servicios de protección a los tribunales federales en 11 de los 12 distritos federales del país.

El Servicio de Mariscales no respondió las solicitudes realizadas en busca de comentarios.

Khalsa señaló que el rápido crecimiento de la empresa después de los ataques terroristas del 11 de septiembre puede también haber contribuido a las dificultades legales de Akal.

“Crecimos muchísimo”, dijo. Y agregó: “Parte de nuestro crecimiento se adelantó a nuestros controles del sistema y de calidad”.