Crece el crimen común

MORELIA, México.- En una noche fresca de septiembre, casi media hora después de que el sol dejara de iluminar la catedral barroca en esta ciudad colonial, tres individuos armados irrumpieron en un centro distribuidor de Coca-Cola en las afueras de la localidad.

Los delincuentes golpearon con pistolas a tres guardias de seguridad, se apoderaron de miles de pesos en efectivo y huyeron entre un vecindario de casas de ladrillo y muros deteriorados. El sonido de las sirenas inundó el lugar en tanto que los agentes de la policía estatal encontraron en llamas el vehículo Nissan Sentra que se cree utilizaron los malhechores en su huida.

“Ya no se puede salir a la calle en la noche”, dijo Yolanda Villa, mientras se asomaba por la puerta de su casa. “Te asaltan, te secuestran, te roban”, afirmó el hijo de ésta, Luis, de 9 años.

Y sus opiniones parecen reflejar la panorámica local sobre la seguridad.

En las ciudades y poblados de todo México, la ofensiva contra los cárteles del narcotráfico ha durado casi seis años y ha transcurrido a la par de un incremento de la delincuencia común: asaltos y robos que no captan los titulares de los medios pero que hacen insufrible la existencia a los civiles ordinarios.

Algunos expertos aseguran que la guerra contra el narcotráfico distrae a la policía de la persecución de la delincuencia común.

Otros afirman que los cárteles del narcotráfico recurren a la delincuencia común para allegarse recursos que usarán en su guerra contra otros grupos rivales, las fuerzas militares y la policía federal.

Algunas de las primeras repercusiones negativas se han hecho patentes en Morelia, otrora tranquila capital del estado de Michoacán, donde el gobierno federal decidió inaugurar su ofensiva contra el tráfico de narcóticos.

Los enfrentamientos en Michoacán comenzaron cuando un grupo de narcotraficantes locales que trabajaba con el Cártel del Golfo se molestó con las tácticas del brazo armado de éste, los Zetas, y formó su propia organización “la Familia Michoacana” con la intención de mantener a los Zetas fuera del estado.

Las costas y zonas rurales en lugares escarpados y boscosos de Michoacán, que da al océano Pacífico, son ideales para operaciones clandestinas como la instalación de laboratorios para la fabricación de metanfetaminas.

La disputa armada no tardó mucho en darse entre el nuevo grupo, la Familia Michoacana, y la organización de los Zetas, integrada por militares desertores. Los Zetas se dedican a una amplia gama de actividades ilícitas como extorsión, secuestro, tráfico de narcóticos y otros delitos en los territorios que controlan.

Menos de dos semanas después de su toma de posesión a finales de 2006, el presidente Felipe Calderón ordenó el envío de miles de efectivos militares a Michoacán para que combatieran la violencia en la tierra donde había nacido.

En tanto, la delincuencia común se fue al alza: las denuncias de robo aumentaron 35% de 2006 a 2011 en todo Morelia, una localidad turística antes conocida por sus escuelas de enseñanza del español, parques verdes y arquitectura del siglo XVI perfectamente preservada. Todo apunta a que los robos volverán a incrementarse este año.

Casi seis años después, los efectivos militares continúan destacados en Michoacán. Las operaciones contra la Familia Michoacana contribuyeron a la división de ésta en dos grupos rivales, que a su vez combaten contra al menos otros dos carteles, incluidos los Zetas, en los confines del estado.

Los soldados y los agentes federales chocan casi a diario contra pistoleros de la Familia Michoacana, que está fuertemente armada. Los secuestros son frecuentes y los hallazgos de cadáveres decapitados ocurren de manera habitual en partes del estado.

Los homicidios se incrementaron 68% de 2006 a 2011 en el estado y 35%, a nivel nacional.

En cuanto al crimen callejero, las autoridades estatales dijeron que han logrado progresos en combatirlo en Morelia, mediante purgas de agentes corruptos e incompetentes en la policía, y un mejor control sobre los agentes restantes.

José María Cazares Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con sede en Morelia, dijo que la gente en la región ha aprendido a esperar lo inesperado.

“Diez, doce años atrás, escuchar el ruido de una sirena era muy ocasional; un helicóptero, jamás; la policía jamás sobrevolaba la ciudad”, señaló Solórzano.

Una oleada de violencia similar azota con fuerza otras ciudades de México. Los robos a nivel nacional se incrementaron 45% de 2005 a principios de 2012, en tanto que se cuadruplicaron los asaltos bancarios, de 200 a 768.

En Mexicali, en la frontera con California, los robos se dispararon 70% de 2006 a 2011, aunque al parecer han disminuido un poco este año.

Los robos también se incrementaron 400% en la ciudad turística de Acapulco, en el Pacífico, y que es escenario de una sangrienta disputa entre pequeños grupos narcotraficantes locales. El alza de los robos fue de casi 30% en la ciudad de Chihuahua, en el norte.

Durante décadas, los cárteles del narcotráfico controlaban sin oposición amplias franjas del territorio, lo que les permitía la movilización de grandes cantidades de drogas por todo México. Los grupos estaban de acuerdo con autoridades corruptas y casi no se afectaba el tránsito de drogas.

Tras la ofensiva del gobierno contra los cárteles, muchos de éstos se dividieron y perdieron el control de territorios al tiempo que emprendieron una guerra entre ellos y contra las autoridades federales.

Edgardo Buscaglia, destacado académico de la Universidad de Columbia que estudia el crimen organizado en América Latina, dijo que los cárteles han recurrido a otras actividades ilícitas para ganar dinero.

“Necesitan abrir nuevas sucursales, con pandillas de jóvenes que trabajen para ellos”, señaló Buscaglia. “Hay un ejército de jóvenes desempleados y sucursales que dan servicio a todos estos grupos del crimen organizado. Esta situación crea un tsunami de magnitud enorme de delincuencia común”, apuntó.