Relajan exigencias del programa Comunidades Seguras

SAN FRANCISCO.— Al finalizar el año, la policía migratoria (ICE) anunció nuevas reglas para el programa Comunidades Seguras (S-Comm); prometió que aquellos arrestados por violaciones de tráfico y delitos menores no serán puestos inmediatamente en proceso de deportación.

La nueva estrategia, explicó John Morton, director del ICE, en un comunicado del 21 de diciembre, “ayudará a que los recursos disponibles se enfoquen en la aprehensión de criminales, delincuentes que reinciden y otras prioridades” de la agencia.

La abogada Angela Chan, quien trabaja para el Asian Law Caucus —organización que defiende los derechos civiles y legales de la comunidad asiático estadounidense— dijo respecto al anuncio: “Por encima, las reformas a las reglas de detención parecen un paso en la dirección correcta. Pero tras una lectura más detallada, rápidamente salta a la vista que no es más que una cortina de humo para un programa que incluso el ICE ha tenido que admitir es muy problemático”.

En un balance del año fiscal 2012, Morton dice que en este periodo fueron deportadas 409,849 personas; menciona que esto es “casi el doble” de lo hecho en 2008, último año de la administración de George W. Bush.

De los deportados en 2012, 55% eran “criminales convictos”, dice el reporte, lo mismo por delitos graves que por faltas menores.

En un desglose, se menciona que de estos “criminales convictos”, un total de 225,390, el 40% habría cometido delitos mayores como homicidios, tráfico de drogas, agresiones sexuales, conducir bajo la influencia del alcohol o drogas; no hay detalles sobre la clase de faltas en que incurrió el restante 60%.

Otras cifras del ICE en 2012: 69,957 deportados apenas cruzaron la frontera ?24,000 más que en 2011?; 10,423 remociones de “fugitivos de inmigración”, individuos quienes previamente han sido deportados o cometieron fraude con sus papeles o ignoraron una orden judicial de abandonar el país.

Jesús Ruiz Diego, quien fue criado y creció en San José, y llama a los Estados Unidos su casa, se ajusta a lo que ICE denomina “fugitivo de inmigración”.

Jesús Ruiz nació en Zacualpan, poblado en los alrededores de Acapulco, Guerrero, México. Sus padres, cuenta, “son gente que vinieron a este país, como cualquier otro, para darnos una vida mejor a nosotros”.

Su historia es similar a la de millones:

“Llegué a los Estados Unidos a los cuatro años. Mi hermana tiene 30 años a esta fecha; yo, 26. Fuimos criados aquí. Luego te envían a otro país que ellos dicen que es tu país. Pero una vez allá, no eres aceptado, porque hablas inglés o cosas así”.

La historia difundida por el California Immigrant Policy Center (CIPC) es que, en la década de los noventa, los padres de Ruiz buscaron ayuda legal para arreglar la situación migratoria de la familia entera. Como tantos otros, fueron engañados por un abogado quien les hizo creer que conseguirían asilo. Lo que obtuvieron fue una orden de deportación.

Pero Jesús Ruiz continuó en la escuela —fue el primero en su familia en graduarse en High School—. Su aspiración es ser militar, específicamente anhela enrolarse en el Cuerpo de los Marines; pero se lo impidió su estatus migratorio.

Luego, la falta de recursos económicos obligó a Ruiz a dejar los estudios y buscar trabajo.

En 2008, Ruiz fue detenido por el ICE y luego deportado a México. De esa ocasión recuerda: “No tuve oportunidad de decir adiós a nadie, ni a mis amigos ni a mi familia, a nadie”.

Permaneció dos meses en aquel país. Pero, dice, como “le pasaría a cualquiera que despertara en un lugar que no conoce, lo primero que haría sería buscar un camino para volver a su hogar”. Así que retornó a los Estados Unidos.

El pasado 18 de septiembre, Jesús Ruiz volvió a ser arrestado por el ICE; la detención ocurrió en su centro de trabajo. Lo enviaron a un centro de detención en Yuba, California.

En Yuba, relata, “estaba con otras 50 personas que enfrentan procesos de deportación. Esa gente ha estado ahí, algunos por semanas, otros hasta por tres años. Y se torna más difícil por no saber si vas a ser deportado o no. Y esto te afecta aún más, mentalmente”.

Esta vez, empero, organizaciones pro inmigrantes, el CIPC entre éstas, y también la senadora californiana Diane Feinstein se movilizaron en apoyo de Ruiz. El ICE lo liberó, en uso de su facultad discrecional de perseguir o no ciertos casos. En junio de 2011, John Morton emitió un memorándum que detalla en qué casos la policía migratoria puede abstenerse de aprehender, retener o deportar a ciertos individuos.

Así que tres meses puntuales tras su detención, Jesús Ruiz Diego volvió a la calle. No libre enteramente, lleva un grillete electrónico en la pantorrilla y debe reportarse con las autoridades cada semana.

Su abogada, Niloufar Khonsari, dice: “Su situación está en el limbo. La lucha aún no acaba. Buscamos que se beneficie con el programa de Acción Diferida, creado específicamente para gente como él”.

Tras esto, prosigue la abogada, “lo que necesitamos son soluciones de largo plazo. El Acta de los Sueños es el siguiente paso y luego, uno más, la reforma migratoria”.

Ruiz no tiene derecho a trabajar. Insiste que quiere enrolarse en el ejército y si esto no es posible, dice, pretender ir a la universidad.

El grillete le recuerda que su destino está atado a una eventual deportación. Pero lo mismo en su español regular que en su inglés fluido, repite sobre los Estados Unidos: “Legal o no, ésta es mi casa”.