Gobierno crea nueva regulación para indocumentados
Familiares de ciudadanos podrán esperar la resolución de sus casos, dentro de Estados Unidos
Washington, D.C.- Una nueva norma, efectiva en marzo, promete un cambioo esencial, en la vida de hogares con indocumentados. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció ayer, una reforma para familiares inmediatos de ciudadanos. Grupos pro inmigrantes valoraron la medida, pero insistieron en que se podría haber hecho más.
Desde ahora, los cónyuges, padres de ciudadanos que tengan más de 21 años y niños menores, podrán postular a una exención o “waiver” dentro de Estados Unidos; un paso esencial para regularizar sus papeles.
“Esta nueva iniciativa reduce considerablemente los periodos de separación entre ciudadanos estadounidenses y sus familiares. Pero no altera cómo se determina el acceso a una exención”, aseguró el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Alejandro Mayorkas.
Actualmente si una persona ha vivido más de seis meses o un año en el país, sin papeles, está sujeta a un castigo. Este consiste en prohibirles el ingreso y la estadía legal en Estados Unidos por 3 y 10 años, respectivamente.
Los familiares inmediatos tienen la opción de modificar su estatus y aplicar a una exención, que les permite evadir el castigo de los 3 y 10 años. Hasta ahora, la única forma de conseguirlo, era salir del país y solicitarlo en una oficina consular en el extranjero. Un proceso que por lo menos puede demorar seis meses y en varios casos, más de un año.
En 2012, USCIS anunció la propuesta para modificar el sistema actual y permitir aplicar a la exención dentro de Estados Unidos. Ahora, el proceso se completa con la publicación de la regla final.
El nuevo sistema se hará efectivo el 4 de marzo de este año. USCIS creó un nuevo formulario (I-601A) para quienes deseen aplicar, con un costo de 585 dólares.
Entre los requisitos para los postulantes figuran: tener más de 17 años; ser familiar inmediato de un ciudadano estadounidense; poseer un formulario I-130 aprobado; ser capaz de demostrar que su ausencia causará un daño extraordinario para el ciudadano; estar presente en Estados Unidos para iniciar la postulación, ser sometido a un chequeo de antecedentes biométricos y no tener una entrevista concertada previamente para obtener este beneficio, antes de la publicación de la nueva regulación.
“La norma es una manera inteligente para eliminar uno de los principales obstáculos de las familias que ya califican para beneficios migratorios, pero que no querían exponer a sus seres queridos, a los riesgos del sistema actual”, aseguró Laura Lichter, presidente de AILA. “La nueva regulación no es perfecta, hay preguntas que esperamos contestar antes del 4 de marzo, pero la agencia ha dejado la puerta abierta para mejorar el proceso”, agregó.
Congresistas y grupos pro inmigrantes estaban esperanzados en que el gobierno incluiría a los familiares directos de residentes legales, sobre todo luego de la gran cantidad de comentarios sobre este punto, que se realizaron durante la etapa de discusión de la regla.
Asimismo, habían expectativas respecto a la definición de “daño extraordinario”. Esto se debe a que actualmente, no existe una guía que permita determinar con claridad este requisito.
“Este es un primer paso. Para los familiares de ciudadanos son buenas noticias, pero para otros, que tienen parientes residentes legales, no fue así. Esto cuestiona la existencia de un proceso justo para todo los inmigrantes”, enfatizó Brittney Nystrom, directora de abogacía para Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS).
“No pienso que exista una causa para que la gente esté decepcionada con la nueva regulación. Creo que es un paso significativo para personas que de otra forma estarían separados de sus seres queridos […] Hay una declaración importante en la regla final y es que analizaremos el impacto de este cambio y en base a eso, consideraremos expandir el proceso a otras categorías de individuos. Eso es muy importante”, dijo Mayorkas a La Opinión.
El documento asegura que la agencia “consideró los comentarios sobre expandir el beneficio a residentes legales”. “DHS está abierto a considerar la expansión de esta garantía, luego de que tenga un mejor entendimiento sobre el impacto en cuanto a recursos y operaciones, que tenga este proceso de exención”, especificó el documento.
Durante el año fiscal 2012, USCIS recibió 24,780 aplicaciones para la exención. 23,981 fueron aprobadas, mientras 3,182 fueron denegadas.
Las personas que tienen casos de deportaciones cerrados administrativamente también podrán postular, pero aquellos que posean una orden de remoción final activa o que hayan sido deportado con anterioridad, no podrán acceder a este nuevo proceso.
