Ofertas a inmigrantes en campaña
Quito/EFE La seguridad, el empleo, la salud y la atención a emigrantes son algunos de los asuntos que copan la agenda electoral de los candidatos con miras a los comicios presidenciales previstos para el próximo 17 de febrero en Ecuador.
Desde el pasado 4 de enero, cuando comenzó oficialmente la campaña electoral, los ocho candidatos a la Presidencia protagonizan mítines y caravanas motorizadas por diversos sectores del país en el que ofrecen, entre otros, combatir la delincuencia y mejorar las condiciones de empleo, especialmente para los jóvenes.
Ofertan también mejoras en el sistema de salud y en la atención a los emigrantes ecuatorianos en recorridos que han llegado a zonas populares y mercados donde se habla también de beneficios para pequeños comerciantes y de bajada de impuestos.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, que busca la reelección y que, según las encuestas es el favorito en los comicios, apuntó que la oferta del exbanquero Guillermo Lasso de bajar algunos impuestos, entre ellos el de salida de divisas, pondría en “grave riesgo” a la dolarización, algo que su rival rechaza.
Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), figura segundo en la más reciente encuesta de Perfiles de Opinión.
En caso de ganar las elecciones, Lasso dijo ayer que ningún pariente suyo, cercano o lejano, será funcionario, y lo hizo tras referirse en una entrevista televisiva al escándalo que envuelve a Pedro Delgado, exjefe del Banco Central y primo de Correa.
La Fiscalía de Ecuador ha solicitado la prisión preventiva para investigaciones por “delitos de acción pública” contra Delgado, quien viajó a Miami en diciembre pasado tras renunciar a su cargo luego de admitir que para cursar una maestría en Costa Rica hace 22 años entregó un título universitario “sin valor.”
Correa, quien ha criticado la “traición” de Delgado -que debía presentarse ante la Fiscalía- aseguró que “no hay indicios de que haya habido peculado” en su gestión.
Apuntó que “jamás” permitirán “prácticas corruptas” desde el Gobierno, y comentó que “casos aislados, como en cualquier parte del mundo, pueden ocurrir”, pero que serán sancionados con la ley.
