Investigan corrupción en Puebla, México (Fotos)

No hay investigaciones ni órdenes de aprehensión contra Mario Marín, el "gober precioso"
Investigan corrupción en Puebla, México (Fotos)
Mario Marin (izq.) no aparece en la lista de ex servidores públicos investigados por presunta corrupción.
Foto: AP / Archivo

Ciudad de México – La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla inició más de 40 investigaciones y obtuvo una decena de órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios estatales del sexenio de Mario Plutarco Marín Torres, acusados de cometer irregularidades en sus administraciones y en el manejo de recursos públicos, pero sólo una de ellas ha sido ejecutada.

El ex gobernador priista, conocido también como “Gober precioso” y quien administró esa entidad entre el 1 de febrero de 2005 y el 31 de enero de 2011, no aparece en la lista de ex servidores públicos investigados por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito, peculado, manejos irregulares del presupuesto y delitos relacionados con seguridad, entre otros, afirma este día el sitio e-consulta.

En una nota, firmada por la periodista Diana Jiménez, se destaca que la única orden de aprehensión que ha sido ejecutada contra los “marinistas” se concretó en contra del ex secretario de Salud, Alfredo Arango García, quien lleva un año preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel por el delito de enriquecimiento ilícito.

Además de los 40 procesos legales que inició la PGJ poblana se siguen también recursos administrativos iniciados por la Contraloría estatal, así como los de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, que también inició procedimientos de determinación de responsabilidades en contra de ex funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres.

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Mario Marín García, hijo primogénito del ex gobernador de puebla Mario “El Gober Precioso” Marín, habría invertido millones de pesos en residencias y chalets por toda Europa, de acuerdo con una denuncia. Además, la familia tendría propiedades por millones de pesos en Estados Unidos y en Europa, según datos revelados por la publicación.

ADEMÁS: El pleno del Congreso de Puebla aprobó el año pasado brindarles seguridad de manera vitalicia a los ex gobernadores de dicha entidad. Cabe destacar que la protección será pagada con recursos del erario. La seguridad será obligatoria durante los siguientes 12 años, con posibilidad de postergarla de manera vitalicia, si así lo solicitan los ex mandatarios. Podrán elegir personalmente a los elementos que lo resguardarán y el jefe de escolta será el que tenga un mayor rango.

El sitio e-consultadestaca que entre las órdenes de aprehensión que todavía no son cumplidas se encuentran las de los siguientes funcionarios:

–Javier García Ramírez, ex secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, quien incluso era buscado por la Interpol. Sin embargo, debido a que ganó un amparo contra una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito, ésta fue anulada y la PGJ nuevamente obtuvo una segunda orden ahora por el delito de peculado, presumiblemente por los recursos que se invirtieron en las obras de la Vía Atlixcáyotl y el Centro Expositor.

– Rodrigo Lazcano Fernández, ex subdirector de Prestaciones del ISSSTEP, mismo que junto con otros servidores públicos del anterior sexenio habría emitido y cobrado –a través de terceros– los cheques de al menos 130 pensionados del instituto que ya habían muerto, por lo que se estima que el monto del robo rondaría los 800 millones de pesos.

– Juan Manuel Alcántara Silva, ex jefe del Departamento de Logística de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien tiene 17 denuncias penales en su contra por entregar supuestos permisos irregulares de mototaxis durante el sexenio pasado, además de que se le vincula con la repartición de más de 800 hologramas para avalar la circulación de este tipo de transporte en varios municipios.

– David Villa Issa, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, quien es investigado por enriquecimiento ilícito al cometer presuntas anomalías cuando se desempeñaba en ese cargo y manejaba el presupuesto estatal. –Eduardo Macip Zúñiga, ex director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), señalado por presuntos manejos irregulares del presupuesto y la supuesta compra de un pozo de agua que en realidad ya pertenecía al gobierno del estado.

– Víctor Manuel Hernández Quintana, ex titular del Órgano Superior de Fiscalización (OFS), acusado de delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público. –Efraín Ruiz Meneses, ex subsecretario de Obra Pública, considerado uno de los servidores públicos cercanos a García Ramírez.

– Victoria Olivia Huerta Sánchez, ex directora de Obra Pública, considerada una de las funcionarias más cercanas a García Ramírez.

– Gerardo Pérez Salazar, ex secretario de Finanzas, investigado por presuntas irregularidades en el manejo del erario, entre otras.

De acuerdo con la información del sitio poblano, todos ellos, junto con más de 40 de ex servidores públicos buscaron la protección y amparo del Poder Judicial Federal luego que la Contraloría del Estado inició procesos de investigación en contra de los ex trabajadores marinistas.

Posteriormente, se dio a conocer que esta dependencia turnó a la PGJ 40 expedientes de ex servidores públicos, entre los que, según el procurador Víctor Carrancá Bourget, no figura el ex gobernador Mario Marín Torres.

En 2011, añade la información de Diana Jiménez, la administración del ahora gobernador Rafael Moreno Valle emprendió un juicio contra el ex consejero estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Pedro Barojas de Rosas, por el delito de peculado en agravio del municipio de Palmar de Bravo, del cual fue presidente municipal en el trienio 1999-2002.

“No obstante, Barojas fue liberado a finales de diciembre de 2012 debido a que las autoridades estatales reconocieron que no había elementos para tenerlo encarcelado”, dice la información de e-consulta.

Otro de los ex ediles procesados fue Eliseo Zayas Jaen, de Acatzingo, quien habría facilitado los medios para que su escolta José Rosendo Luis de Lima se diera a la fuga tras haber asesinado a un vecino de esa región en febrero de 2012.