Piden condenar a exdictador Ríos Montt

José Efraín Ríos Montt, en el centro,  asiste  al Tribunal Primero B de Mayor Riesgo  donde se le juzga por varios delitos.

José Efraín Ríos Montt, en el centro, asiste al Tribunal Primero B de Mayor Riesgo donde se le juzga por varios delitos. Crédito: EFE

Guatemala/Notimex — El Ministerio Público (MP) pidió ayer a un tribunal enjuiciar al ex gobernante de facto, general retirado Efraín Ríos Montt, por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad en el pasado conflicto armado interno guatemalteco.

En el inicio de la audiencia del caso contra tres militares, los fiscales del MP pidieron al juez primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, enjuiciar a los acusados por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, entre otros.

Al final de la audiencia que se efectúa en la Torre de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia, el juez resolverá si desestima el caso o toma los medios de prueba presentados por la fiscalía del MP y envía a juicio a los tres militares por los delitos que se les imputan.

El MP, en una exposición ante el tribunal, pidió al juez Gálvez que envíe a un juzgado de sentencia a los tres militares por masacres ocurridas en el llamado Triángulo Ixil, occidental departamento de Quiché.

Los acusados son el general retirado Ríos Montt, gobernante de facto de 1982 a 1983, José Mauricio Rodríguez Sánchez, y Héctor Mario López Fuentes, quienes eran miembros del Estado Mayor del Ejército.

El MP sostuvo que los tres militares son responsables de la masacre de mil 771 personas de la etnia maya ixil, en hechos ocurridos del 23 de marzo de 1982 al 31 de julio de 1983, que configuran los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.

Según la parte acusadora, por cadena de mando, los militares tienen responsabilidad en las órdenes para ejecutar a los indígenas –a quienes el Ejército acusaba de apoyar a la guerrilla- en 11 masacres ocurridas en la zona Ixil en esas fechas.

El caso lleva más de un año en estudio en tribunales, debido a las numerosas acciones legales interpuestas por la defensa de los militares acusados que han retrasado la decisión sobre el juicio.

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