Mensajes de texto no podrán ser interceptados en Canadá

El Tribunal Supremo determinó hoy que la Policía necesita obtener una orden judicial para tener acceso a los mensajes de texto enviados desde teléfonos móviles

Siete jueces del Tribunal Supremo acordaron que los mensajes de texto no pueden ser tratados de forma diferente que la comunicación oral a través de teléfonos móviles.

Siete jueces del Tribunal Supremo acordaron que los mensajes de texto no pueden ser tratados de forma diferente que la comunicación oral a través de teléfonos móviles. Crédito: Shutterstock

Toronto, Canadá – El Tribunal Supremo de Canadá dijo hoy que las autoridades policiales del país necesitan obtener una orden judicial para tener acceso a los mensajes de texto enviados desde teléfonos móviles.

La sentencia del Tribunal Supremo de Canadá, la máxima autoridad judicial del país, anula la decisión del Tribunal Superior de Ontario que había dictaminado que la compañía telefónica Telus tenía la obligación de entregar a la Policía los mensajes de textos enviados entre dos usuarios sólo con una orden judicial genérica.

Pero cinco de los siete jueces del Tribunal Supremo acordaron que los mensajes de texto no pueden ser tratados de forma diferente que la comunicación oral a través de teléfonos móviles y que requiere una orden judicial para permitir su interceptación por la Policía.

“Los mensajes de texto son, en esencia, una conversación electrónica”, dijo el Tribunal Supremo canadiense.

“Las diferencias técnicas inherentes a la nueva tecnología no deberían determinar el ámbito de protección otorgado a las comunicaciones privadas”, añadió.

La interceptación en Canadá de conversaciones telefónicas necesita una orden judicial específica, más difícil de obtener que órdenes judiciales generales que permiten la incautación de pruebas.

La Policía había interpretado que la entrega de las copias de los mensajes de texto que Telus tenía almacenadas en sus servidores no suponía una interceptación de las comunicaciones por lo que no necesitaba una orden judicial específica.

Antecedentes del caso

El caso se inició en marzo de 2010 cuando la Policía canadiense obtuvo una orden judicial que obligaba a la compañía telefónica Telus la entrega diaria de los mensajes que se enviaban dos clientes.

El Tribunal Superior de Ontario señaló en 2011 que la orden no consistía en una interceptación de las comunicaciones porque los mensajes eran copias que existían en los servidores de Telus.

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